Tras el informe emitido por la Contraloría General del Estado, donde se identifica un daño económico al Estado de 3,5 millones de bolivianos por la compra de la granja Huancaroma que está situada en el municipio de Eucaliptus. El exprefecto Alberto Luis Aguilar Calle y administradores de dicha granja serán procesados judicialmente.
Durante la gestión de Aguilar Calle, se usó recursos económicos del Proyecto Desarrollo Lechero (Prodelech) para comprar la granja de Huancaroma, la Prefectura cubrió con 51 % del monto y los comunarios del sector con el 49 %, en principio se acordó que la administración sería conjunta entre los ganaderos y la Prefectura, pero esto no se cumplió.
El secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Edgar Ajata, señaló que la Contraloría General del Estado emitió responsabilidades contra la exautoridad Alberto Luis Aguilar Calle, y los administradores de la granja Huancaroma, de esta forma se inició el proceso por disposición arbitraria de bienes e incumplimiento de deberes, el caso se encuentra en el Ministerio Público.
Manifestó que la Gobernación realizó el seguimiento respectivo, puesto que las exautoridades dispusieron recursos económicos del departamento para una propiedad que nunca llegó administrar la ex Prefectura, por lo cual esto significa un daño económico al Estado, que deben devolver los que están siendo investigados.
Explicó que la Gobernación tiene el derecho propietario de la mitad y la otra mitad es de los comunarios, pero quienes actualmente administran la propiedad son los productores de Huancaroma que están aglutinados en una asociación. Asimismo, indicó que se cometió otra irregularidad porque los comunarios pidieron recursos al Banco de Desarrollo Productivo hipotecando la propiedad, sin tener consentimiento de la Gobernación.
Por su parte, el director del Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería (Sedag), Severo Choque, manifestó que mientras no se recupere el 51 % de la propiedad que invirtió la ex Prefectura, no se realizará ningún tipo de inversión en el lugar.
Sostuvo que la adquisición de esta granja se hizo de forma ilegal con recursos de Prodelech, que debían ser destinados a fortalecer la actividad lechera, pero no contemplaba la construcción de ningún bien.
Mencionó que el pasado año se tuvo algunas reuniones con los comunarios del sector que administran la granja para llegar algún acuerdo, sin embargo, solo hicieron conocer sus solicitudes y no hablaron nada de lo que le corresponde a la Gobernación.
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