La nueva planta de asfalto de Oruro, que fue comprada con 8.3 millones de bolivianos, se deteriora sin uso desde hace un año y dos meses, ubicada en los terrenos municipales de la comunidad de Moxzuma, ubicada a 7 kilómetros al Noreste de la ciudad.
La planta fue instalada, pero no tiene ni siquiera un banco de materiales de construcción, bajo estudio, para utilizar los agregados, con destino a la preparación del material asfáltico con destino a las calles de la ciudad de Oruro, tal como había anunciado la exalcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores.
El presidente del Concejo Municipal, Rodolfo Uyuni, dijo que la planta de asfalto debía funcionar en forma inmediata de su adquisición, pero, por lo visto, no tenía estudio ni siquiera para la provisión de agregados, provocando grave daño económico a Oruro.
La máquina fue comprada el 2013. La empresa Vezla entregó las partes de esa planta, de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Municipalidad, pero hasta la fecha, no hay provisión de diesel para su funcionamiento o por lo menos para comprobar su utilidad.
De la misma forma, se efectuó la adquisición de tres chancadoras, que tampoco están en funcionamiento. En total, según el informe del periódico La Patria, se invirtieron 35 millones de bolivianos en todos los equipos, incluyendo los pesados, de acuerdo a la versión del ex director de Obras Públicas Municipales, José Ayala.
El alcalde municipal de Oruro, Juan José Ramírez, dijo que ha sido una sorpresa “tener una información de esa naturaleza y saber que la planta de preparación del asfalto para las calles de la ciudad de Oruro sigue sin funcionamiento y sin posibilidades de utilizar una maquinaria que podría haber atendido a gran parte de la ciudad que tiene sus calles en pésimas condiciones”.
Señaló que, si se ha comprado una maquinaria, “tiene que ser utilizada en forma inmediata, para resolver uno de los problemas más graves de contaminación del aire, por las calles que no están asfaltadas, especialmente de las zonas periféricas que ni siquiera tienen alcantarillado sanitario”.
Anticipó que, probablemente, por ese motivo, la ex alcaldesa “no quería la fiscalización de las compras y adquisiciones y por eso, no enviaba ni siquiera la documentación al Concejo, para su revisión oportuna y para verificar que no habían actos de corrupción”.
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