El exprefecto del departamento de Oruro, Alberto Luis Aguilar Calle, fue enviado a la cárcel de San Pedro de esta ciudad, a solicitud del Ministerio Público, por haberse encontrado indicios de conducta antieconómica, contratos lesivos contra el Estado e incumplimiento de deberes, cuando era autoridad el 2008.
Fue enviado al penal, por disposición del juez cautelar No. 2, Sergio Vásquez, en base a la imputación del fiscal de materia, Franz Zulmer Villegas, porque se sospechó que había peligro de fuga y obstaculización a la investigación del caso denominado “construcción del puente distribuidor 3 de julio”, ubicado en la zona Sur, inmediaciones de la Ciudadela Universitaria.
La audiencia de medidas cautelares debía efectuarse el 3 de mayo de 2013, pero con diferentes argumentos, incluido otro proceso que debía atender, como el caso del Puerto Seco inexistente, se fue postergando inexplicablemente, según Villegas.
“Ha habido incidentes y excepciones, de parte del exprefecto”, afirmó Villegas, pero por lo visto, únicamente ha provocado la postergación de las audiencias y supuestamente la preparación de su fuga.
La construcción del distribuidor vehicular no fue adjudicada a una empresa constructora, el 2008, pero inexplicablemente se firmó el contrato con una empresa que debía supervisar las obras, entregándole un anticipo que no correspondía.
El proyecto no fue ejecutado, a pesar de haber transcurrido seis años. Las obras fueron licitadas, pero ninguna empresa quiso ejecutar la misma, pero ya había una supervisora, con el contrato preparado y el anticipo de ley que le corresponde.
El exprefecto, por intermedio de su abogado, rechazó cualquier posibilidad de preparación de fuga, pero no presentó ningún documento al respecto, sino únicamente un certificado de la Dirección de Migración, donde se establece que no había ningún ingreso ni salida del país, por parte de Alberto Luis Aguilar Calle.
El documento fue considerado insuficiente, por el fiscal Villegas. Dijo que también existen observaciones a los documentos de domicilio, habitabilidad y habitualidad y con los incidentes y postergaciones de las audiencias, se demostró que la exautoridad no quería someterse ante la justicia, para ser investigado y para someterse a un juicio oral.
Al ser consultado hoy, en Oruro, el presidente reelecto, Evo Morales Ayma, dijo que no defenderá a ningún militante del Movimiento al Socialismo (MAS), que haya cometido actos de corrupción, porque “los delitos son cometidos por las personas y tienen que ser castigadas”.
“En tema de corrupción no se perdona, pero todos tienen derecho a defenderse”, dijo durante una conferencia de prensa efectuada en la Gobernación.
Alberto Luis Aguilar es militante del MAS y como tal fue elegido prefecto de Oruro el 2005 y, como consecuencia de su cargo, se encuentra procesado por separado en el caso del Distribuidor Vehicular 3 de Julio y el caso del puerto Seco, ambos proyectos inexistentes, pero por los cuales se pagó a las empresas consultoras, sin haber realizado el trabajo.
Según el secretario de asuntos jurídicos de la Gobernación de Oruro, Édgar Ajata, para la supervisión de la obra que no fue ejecutada, se pagó un anticipo de 146.000 bolivianos a la empresa consultora Mendizabal y Asociados.
En el segundo proceso penal, también seguido por el Ministerio Público, por el caso del puerto Seco, se pagó otros 5 millones de bolivianos a la empresa consultora Prointec , para que realice el estudio a diseño final, pero la carpeta se encuentra inconclusa.
La sentencia de seis años y 10 meses de prisión para el exprefecto se encuentra en etapa de apelación, desde agosto pasado y no existe fecha de audiencia para conocer el resultado, de parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oruro.
