El municipio de Oruro ingresa a una etapa de caos y desorden, porque el nuevo Alcalde, elegido por mayoría, no puede ingresar a las oficinas, por decisión de los funcionarios subalternos que cierran las puertas, mientras que los vecinos realizan marchas para protestar por falta de atención.
Por séptimo día consecutivo, el alcalde Juan José Ramírez, militante del Movimiento al Socialismo (MAS), no logró ingresar al edificio municipal, a pesar de tener en sus manos una resolución de los seis concejales que en forma mayoritaria eligieron a esa autoridad.
El secretario general de la Alcaldía, Jorge Ustarez, explicó que recibió de parte del presidente del Concejo Municipal, Germán Delgado, que no se permita el ingreso de ninguna autoridad, mientras "no tenga los documentos legales en orden, para asumir ese cargo".
Juan José Ramírez fue observado por parte de Delgado, que también es militante del MAS, porque fue elegido "en una sesión ilegal, donde no estaban cinco concejales y que él, como Presidente, debía dirigir la sesión, el pasado miércoles 31 de diciembre de 2014".
Delgado desapareció aquel día, a pesar de ser buscado por la vicepresidenta, Ruth Hinojosa, para reinstalar la sesión que se había declarado en cuarto intermedio. En su ausencia, Hinojosa presidió la reunión y se procedió a la elección de Ramírez como alcalde, con el voto de los seis concejales.
TRASLADAN CONFLICTO AL SISTEMA JUDICIAL
Ante la falta de solución al conflicto municipal, la crisis de administración de la Alcaldía y del Concejo de Oruro se trasladó ayer al sistema judicial para lograr una resolución a favor o en contra de los dos grupos de concejales que buscan posesionarse en esta instancia legislativa.
El concejal secretario, Alfredo Valles, cooperativista minero y aliado de la ex alcaldesa Rossío Pimentel (ahora candidata del MAS), presentó un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia, para que hasta fin de semana se pueda dilucidar este conflicto.
Mientras tanto, el concejal Juan José Ramírez, electo alcalde municipal de Oruro, en reemplazo de Rossío Pimentel, consideró que el problema de legalidad o ilegalidad de su elección, "debe ser resuelto en el Tribunal de Justicia, porque cinco concejales no pueden imponer su capricho contra seis concejales que han decidido elegir un Alcalde".
Por su lado, el Comité Cívico de Oruro, Central Obrera Departamental, Federación de Juntas Vecinales y otras organizaciones conminaron a los once concejales a encontrar una solución al conflicto, en forma inmediata.
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