En gestión edil del 2011 Pagaron Bs. 127 mil por software que no fue utilizado

127 mil bolivianos pagó el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), durante el año 2011, por la adquisición de un software de sistema de información geográfica, que nunca fue instalado y menos utilizado; por lo que la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, tras investigar el caso, recomienda que se haga una denuncia formal contra ex autoridades ediles.

El jefe de Transparencia del GAMO, Jorge Vargas, informó a LA PATRIA que a denuncia de las actuales autoridades de la Unidad de Catastro Urbano de la municipalidad, se ha verificado que el 2011, los entonces responsables de dicha oficina realizaron la compra de un software denominado ArcGis, que estaba destinado a mejorar y simplificar los trámites en el área técnica de la Alcaldía.

"Ex autoridades solicitaron la compra de este software, lo hicieron por la modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y al Empleo), siguieron todo el proceso. Pero incumplieron algo establecido en su propio DBC (Documento Base de Contratación), que decía que antes de pagar a la empresa adjudicataria, debía existir un informe de conformidad, de que el software funciona y está debidamente instalado", aseveró Vargas.

La autoridad señaló que en el marco de la investigación, las ex autoridades involucradas en la compra del software, aseguraron que hubo talleres de capacitación para utilizar el mismo, además que todo se hizo en el marco de las normas. Sin embargo, Vargas indicó que el proyecto para la adquisición del programa de computación, no pudo ser encontrado ni tampoco se hallaron pruebas de que se hubiese instalado o se haya capacitado al personal edil.

"En otras palabras, la compra del software ha sido insulsa, se han pagado 127 mil bolivianos y nunca fue instalado ni utilizado. Esto ya tiene un informe final de la oficina de Transparencia, que sugiere al Ejecutivo Municipal, que se inicie un proceso penal contra ex autoridades, por haber incurrido en los siguientes delitos; incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica", mencionó Vargas.