Tras haberse realizado la audiencia de medidas cautelares ayer en el Juzgado Cautelar Nº 4 de la capital al exprefecto Luis Alberto Aguilar y el exalcalde Edgar Bazán, quienes luego de una investigación realizada por el Ministerio Público fueron imputados por el caso "Distribuidor Vehicular", se determinó otorgarles medidas sustitutivas.
En la audiencia que se instaló aproximadamente a las 10:00 horas y concluyó a las 16:00 horas estaban presentes todas las partes; vale decir representantes de la Fiscalía, Ministerio de Transparencia, de la Gobernación y del Municipio, además de los dos coimputados acompañados por sus abogados.
El exprefecto Aguilar fue imputado por los siguientes cargos: efectuar contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias; en el caso de Edgar Bazán se le acusa por contratos lesivos al Estado.
El director general de Investigación de Actos de Corrupción del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Jorge Flores, explicó que esta entidad, en el ámbito de sus facultades y responsabilidades, realiza la investigación de actos y hechos con presunto daño económico al Estado.
Es así que realizó la investigación y posterior denuncia ante el fiscal anticorrupción, Franz Villegas, por el caso del distribuidor vehicular sobre la avenida 24 de Junio (final Ejército), esta denuncia derivó en la imputación formal presentada por el fiscal y ayer se realizó la audiencia de medidas cautelares.
Enfatizó que el Ministerio de Transparencia persigue estos casos con el único fin de restituir los daños económicos y como coadyuvante la acción penal, en ese sentido sostuvo que dejó con sabor a poco la decisión del juez encargado del caso que determinó la otorgación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, señalando medidas de presentación semanal tanto a la Fiscalía y Juzgado para la firma de libros, la presentación de dos garantes y el arraigo.
Aseguró que el daño económico ocasionado por la construcción incompleta de este distribuidor es de 14 millones de bolivianos que la Prefectura canceló a la constructora. Explicó que de este monto, en virtud a un convenio que existía entre los gobiernos departamental y municipal, la Alcaldía debe a la Gobernación 4 millones de bolivianos, además se tiene una deuda con la empresa por 3 millones de bolivianos. La obra tenía un costo total aproximado a los 18 millones de bolivianos.
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