La imputación efectuada contra el exalcalde municipal de Oruro, ahora alcalde electo, Édgar Bazán Ortega, no impedirá que pueda asumir su cargo, el 30 de mayo próximo, aunque, dijo, es respetuoso de las decisiones que adoptan las autoridades judiciales.
“Estoy a derecho. No debo un solo centavo al Estado. Durante la audiencia, nadie ha explicado el dinero que supuestamente debo, porque de la Alcaldía, durante mi gestión, no se invirtió ni un centavo en el proyecto del Distribuidor Vehicular de la zona Tagarete”, expresó Bazán.
La declaración fue emitida, un día después de haber sido imputado por el supuesto cargo de “contratos lesivos al Estado”. Según Bazán, “en el expediente no hay ningún contrato lesivo contra el Estado, donde yo haya firmado hace más de cinco años y tampoco se entregó ni un centavo a una empresa constructora que yo no he contratado, sino el exprefecto, Luis Alberto Aguilar”.
Expresó que, en forma maliciosa, se quiere hacer aparecer un delito que no existe y que, cualquier irregularidad “se ha cometido en la ex Prefectura del Departamento, pero que la Alcaldía nada tuvo que ver en ese fallido proyecto, encarado exclusivamente por la ex Prefectura”.
Agregó: “Si la Alcaldía no ha firmado ningún contrato con ninguna empresa, por ese proyecto, ¿cómo es posible que ahora se diga que hemos efectuado un contrato lesivo contra el Estado?¿Los investigadores del caso habrán encontrado un contrato de esa naturaleza al respecto? El proyecto denominado Distribuidor Vehicular ha sido encarado con recursos exclusivamente de la exPrefectura, sin la participación de la Alcaldía”.
Al exprefecto Luis Alberto Aguilar se le imputó por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, en base a una investigación realizada por el Ministerio de Transparencia.
El fiscal anticorrupción, dependiente del Ministerio Público, Franz Villegas, no explicó en la audiencia, “si hubo contrato” de parte del exalcalde Bazán y más se refirió a la conducta del exprefecto Aguilar.
Sin embargo, dijo que hubo un convenio entre el exprefecto y el exalcalde, para que ambas partes ejecuten el proyecto, pero que el exalcalde no puso en ejecución ese convenio.
Al respecto, el alcalde electo de Oruro, Édgar Bazán, dijo que a la Alcaldía “nadie le envió el proyecto a diseño final para la ejecución de ese proyecto, que era una condición obligatoria para cualquier ejecución de obra y tampoco nadie solicitó, de parte de la ex Prefectura, el desembolso de recursos para esa obra, por lo tanto, si no se hizo uso de dinero de la Alcaldía, no se puede atribuir ahora un contrato lesivo contra el Estado”.
De todas maneras, el exalcalde debe presentarse a firmar libros en el Ministerio Público y en el Juzgado, en forma semanal, y presentar dos garantes y su arraigo.
El exprefecto Aguilar canceló 14 millones de bolivianos a una empresa por la construcción del Distribuidor Vehicular Tagarete. Según el fiscal Villegas, la Alcaldía “debería 4 millones de bolivianos a la Prefectura”, porque supuestamente “no cumplió un convenio, que no es lo mismo que un contrato”.
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