El Comité Cívico de Oruro insistió ayer en los presuntos riesgos que el Censo de Población y Vivienda representa para ese departamento por la supuesta pérdida de una parte de su territorio, de sus recursos humanos y económicos. El Gobierno nacional rechazó lo que consideró “susceptibilidades”.
Pese a las explicaciones oficiales, la dirigencia cívica convocó para el próximo martes una asamblea de la orureñidad para informar sobre los presuntos riesgos que advierten en el censo y asumir eventuales medidas de presión, aunque su presidenta, Sonia Saavedra, no quiso adelantar las acciones que se seguirán.
“Se estaría consolidando la pérdida territorial del departamento, de capital humano, de recursos de coparticipación y de representación política”, declaró Saavedra y expresó que es la mayor preocupación regional.
Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó que el censo se realizará en el marco del cumplimiento de todas las normas que protegen este proceso.
La ministra de Autonomía, Claudia Peña, observó el discurso “radical” de la dirigencia cívica orureña y dijo: “Tenemos que apegarnos a la norma, se ha dicho hasta el cansancio que el censo no definirá límites”.
Explicó que el censo no determinará nuevos límites departamentales o municipales porque ése no es el objetivo y la salvaguarda es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) colocará un “código 0” a todas las zonas donde existen procesos administrativos de delimitación.
“El código 0 significa que el censo no va a decirle que esto es de tal departamento o municipio”, sostuvo Peña.
No obstante, aclaró que las zonas con problemas, en las que no se iniciaron procesos administrativos de delimitación, será “muy difícil” que accedan a dicho código y apeló a sus autoridades a tener la madurez política para llegar a soluciones concertadas.
El censo se realizará el 21 de noviembre y se constituirá en el mayor operativo nacional de los últimos tiempos, recogerá datos que permitan proyectar políticas públicas del Estado.
Además del problema generado en Oruro, en el TIPNIS una parte de los indígenas, en particular quienes se oponen a la consulta sobre la construcción de una carretera, también observó este proceso y anticipó que no participaría de éste.
Sin embargo, uno de los representantes, Yossi Fabricano, no quiso ratificar esta posición y dejó a los máximos dirigentes para manifestarse al respecto.
El artículo 4 del Decreto Supremo 1305 establece que las poblaciones que no sean empadronadas no recibirán recursos económicos de coparticipación tributaria. La norma también indica que las autoridades públicas y privadas deben cooperar con la realización del censo y dispondrán la suspensión de todo conflicto territorial, limítrofe y social.
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