El alcalde municipal, Édgar Bazán Ortega, tiene un plazo de 20 días, para presentar sus descargos documentales y testificales, con el objetivo de demostrar que no actuó en contra de la Constitución Política del Estado, al haber dispuesto la ampliación de la vacación de invierno en julio de 2015.
La advertencia fue emitida por el fiscal Ronald Rocabado, después de recibir la primera declaración del alcalde Bazán, sobre el caso de la vacación escolar, proceso instaurado por el ministro de educación, Roberto Aguilar, porque supuestamente “usurparon sus funciones para declarar receso en las escuelas y colegios de la ciudad”.
Bazán negó haber cometido algún delito. Dijo que lo único que hizo fue “salir en defensa de la salud pública de la población de Oruro, tanto de niñas, niños como de jóvenes estudiantes, durante la época más fría del año, tal como se había previsto por parte de las autoridades del Servicio de Meteorología e Hidrología”.
Expresó que se ha entregado al fiscal, “toda la documentación que desvirtúa completamente la denuncia presentada, ya que del 20 al 27 de julio se registraron las temperaturas más bajas en la ciudad de Oruro y que merecía cuidar la salud de los niños y jóvenes”.
Dijo que, por ese motivo, “me declaro inocente y que los padres de familia exigieron la ampliación de la vacación de invierno”.
Según el artículo 153 del Código Penal, el delito por el que se acusa al alcalde, dispone que el funcionario público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes, incurrirá en reclusión de un mes a dos años.
El proceso judicial, en la primera etapa, implica únicamente la investigación o la acumulación de supuestas pruebas en contra de la autoridad señalada, para que, posteriormente, se ingrese a la acusación, si es que el fiscal Rocabado encuentra las pruebas de la denuncia.
“Jamás he aprobado resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Hemos salido en defensa de la salud de la niñez y la juventud”, expresó el Alcalde.
Según el fiscal Rocabado, “no hay ningún mandamiento de aprehensión del Alcalde y que, en primera instancia, se ha recibido únicamente la declaración, con fines informativos”, en compañía de su abogado, en base a la denuncia que fue presentada por el ministro de Educación.
En el plazo de 20 días, el Alcalde debe presentar mayor cantidad de documentación oficial al respecto. De la misma forma, debe ofrecer testigos de su actuación, al respecto.
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