Un lento proceso judicial se realiza contra el exprefecto del departamento, Luis Alberto Aguilar, y sus colaboradores, para establecer quién o quiénes pagaron ilegalmente a la empresa Prointec por un estudio a diseño final del Puerto Seco que fue entregado sin estar terminado.
El juicio oral no es motivador ni ágil. Cada vez es más pesado y las preguntas de los fiscales son puntuales, pero los testigos y sindicados dan respuestas contradictorias. El fiscal Alfredo Santos afirmó que las audiencias se realizan conforme establece la ley, con la declaración de los testigos para lograr un resultado final, como es la sentencia.
Cada martes y jueves se reanuda la audiencia, donde los fiscales pretenden demostrar la culpabilidad del exprefecto Aguilar por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros.
Los exfuncionarios públicos, Alberto Luis Aguilar Calle, Patricia Jaldín Jallaza, Tomás López Villarte y Victor Hugo Moreno Sotomayor estuvieron ayer en el banquillo de los acusados, mientras que, los testigos de cargo seguían sus declaraciones, para encontrar la culpabilidad de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El proceso judicial fue presentado el 21 de agosto del 2010, después que la Gobernación recibió supuestamente el estudio a diseño final de la firma Prointec. Ese documento fue entregado al exprefecto Aguilar, un día antes que concluya su mandato, el 31 de mayo de 2010 y, en forma apresurada, también se procedió al pago de la empresa.
El fiscal Alfredo Santos trató ayer de establecer quién autorizó el pago de esas deudas, sin haberse recibido el estudio a diseño final del proyecto Puerto Seco, cuyo costo fue de 1.5 millones de dólares, cuando en el Paraguay, por un similar estudio se pagó apenas 250 mil dólares.
El juicio oral se realiza a puertas abiertas, pero el largo proceso continuará hasta la culminación del mismo, con la dictación de la sentencia, por parte del tribunal que recibe la información al respecto.
Al exprefecto, no sólo le espera una sanción por ese proyecto mal elaborado, sino también por la construcción de un distribuidor vehicular que se está destruyendo poco a poco, en la zona Este de la ciudad, al principio del camino Oruro-Vinto.
El distribuidor vehicular no ha sido concluido con las cuatro vías de circulación, similar a un trébol de cuatro hojas. En este caso, sólo se terminaron tres hojas y, en vez de resolver un conflicto del tráfico vehicular, en ese lugar existen accidentes de tránsito en forma permanente. Los motorizados cruzan de un lado para otro, por falta de señalización y porque el proyecto no fue concluido.
Según la Gobernación de Oruro, en los documentos "la obra es como si se hubiese terminado", pero en los hechos, "falta una hoja para que funcione adecuadamente ese distribuidor vehicular, que debía servir para facilitar el tráfico de motorizados".
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Oruro, pidió a las autoridades de la Gobernación "realizar un estudio patológico del distribuidor vehicular, por varias observaciones encontradas tanto en lo estructural como en lo vial, existiendo fisuras, vibración y hundimientos".
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