La construcción del camino de 56 kilómetros, Toledo-Ancaravi, fue declarada como un fraude y un acto de corrupción que se cometió hace dos años, en un proceso de licitación que dejó muchas dudas al respecto, ya que la empresa española-boliviana Vial Ancaravi no tenía maquinaria pesada para el trabajo.
La denuncia fue emitida por el asambleísta José Luis Toco: “Es inadmisible que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) haya adjudicado las obras a una empresa que apenas tenía como capital seis equipos pesados, cuando se necesita mayor cantidad de personal y equipo”, afirmó.
Explicó que es inadmisible que en noviembre del 2011 la empresa haya recibido un anticipo del 25 por ciento del costo del proyecto, 196 millones de bolivianos, pero ahora que se ha rescindido el contrato, apenas se ha verificado un 10 por ciento de avance. “Eso es un fraude y un acto de corrupción”, dijo.
Por su parte, el asambleísta de Unidad Nacional, Eduardo Campos, dijo que el caso no puede quedarse simplemente en la rescisión del contrato, sino “en la aplicación de sanciones contra quienes han adjudicado un proyecto de tanta importancia a una empresa que no ha demostrado seriedad en la ejecución del proyecto de los corredores bioceánicos”.
El camino Toledo-Ancaravi forma parte de la carretera internacional Oruro-Pisiga-Iquique.
El ejecutivo de la ABC, Luis Sánchez, que llegó ayer a Oruro, confirmó la rescisión del contrato con el Consorcio Vial Ancaravi y anunció el cobro de las boletas de garantía para recuperar los recursos que han sido entregados a la empresa, en calidad de anticipo.
La reunión de evaluación del proyecto se realizó en la Gobernación, a donde se presentó la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra. Sin embargo, los asambleístas y campesinos exigieron que ella abandone la reunión, “por venganza y como consecuencia del paro cívico que se realizó en marzo pasado, por respeto al nombre del aeropuerto Juan Mendoza”.
Sonia Saavedra pidió una minuciosa investigación del caso, porque “se está atentando contra los intereses del departamento de Oruro, al haberse adjudicado una obra de tanta importancia, a una empresa que no tenía maquinaria pesada”.
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