Debido a que todavía no se presentó documentación alguna, que acredite que el sector en conflicto denominado Pongo Queñuani, entre Caracollo-Oruro y Colquiri-La Paz, pertenezca a uno de los dos departamentos, todavía no se puede identificar cuáles serían los límites, en base a la denuncia de avasallamiento que se conoció en los recientes días.
Ayer por la mañana, una comisión de fiscales, acompañados del personal de la Unidad de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y miembros del Instituto Geográfico Militar (IGM), se constituyeron al lugar donde hace días atrás pobladores paceños habrían incendiado chozas de paja y adobe y se denunció intimidación a sus ocupantes orureños, pero no se encontraron con los denunciados que al parecer estaba ausentes por la transición política que se desarrollaba en la ciudad de Oruro, como informó el fiscal de materia, Ronald Rocabado.
"Vinimos a la zona de conflicto entre Colquiri y Caracollo, justamente por una denuncia de avasallamiento es que ha señalado una audiencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, también la víctima que es la señora Isabel Ortega que nos informó que continúa este tema de avasallamientos, empero a la fecha no se tiene los límites correspondientes para determinar si es un área del sector de Oruro o Colquiri, en ese entendido tenemos una reunión el día viernes en la ciudad de La Paz, para determinar y verificar si existe documentación al respecto", afirmó el representante del Ministerio Público.
En el lugar se constató que otros sectores de sembradío habrían sido quemados, pero este aspecto no fue corroborado por el fiscal que negó esto pero añadió que en base a un argumento de la denunciante se conoció y verificó de una cancha que estaría siendo construida en el lugar.
"No estaban, seguramente por el tema de la transición política que hay, pero en La Paz hay una reunión importante en el Ministerio de Autonomías, donde nos aglutinaremos para tener mayores elementos", añadió.
Destacó que se pidió el resguardo policial, pero que luego se conoció de un acuerdo que se habría firmado entre los afectados, con carácter previo, hasta que se determine los límites y no se presentaron los policías en el lugar de conflicto.
"Se pidió el resguardo policial, pero nosotros tenemos entendido que firmaron un acuerdo con carácter previo hasta que se determine los límites, es por esa razón que no quisimos entorpecer y solamente procedimos a hacer la inspección ocular y toma de fotografías", finalizó.
En la verificación LA PATRIA constató que al fondo del terreno en conflicto existen desmontes de lo que sería una mina y que este sería el punto de conflicto, toda vez que existiría mineral complejo y otros que aún no fueron explotados.
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