Los comunarios de Salinas, Pampa Aullagas y Quillacas, que pertenecen al departamento de Oruro, no asistirán a la reanudación del trabajo de georreferenciación de límites con el departamento de Potosí, exigiendo la presencia de “jueces imparciales” que puedan resolver este conflicto, en base a los documentos ancestrales.
El cabildo abierto se realizó en Pampa Aullagas el pasado fin de semana, con la participación de las comunidades de la zona limítrofe. La resolución fue adoptada y expuesta ante el Comité Cívico de Oruro, para su análisis en la asamblea de la orureñidad, que se realizará a partir de las 18:30 horas de hoy, con la participación del gobernador Santos Tito y los parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS).
La georreferenciación debía continuar esta semana, con la participación del Ministerio de Autonomías y el Instituto Geográfico Militar, para evitar el conflicto de límites entre Quillacas, Oruro y Coroma, Potosí.
La presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra, dijo que ya se ha tomado la decisión de “no participar en la georreferenciación de límites”, porque no existen garantías para una imparcial verificación de los mojones. “Sólo se está realizando la revisión de límites, para ganancia de los potosinos y para la pérdida territorial de Oruro. Eso no podemos permitir”, advirtió ayer.
Dijo que se sigue utilizando el mapa distorsionado de 1994, preparado por el Instituto Geográfico Militar, marginando a Oruro de diferentes puntos estratégicos para el departamento, como la participación en el proyecto del litio en el Salar de Uyuni y el cerro Thunupa que históricamente “siempre ha pertenecido a nuestro departamento”.
Por ese motivo, consideró que ese proceso de georreferenciación “es un engaño” para los orureños. Ante esta realidad, se ha cursado la invitación al gobernador Santos Tito y a la Brigada Parlamentaria, presidida por Ricardo Ayllón, para que participen en la asamblea de la orureñidad, con el objetivo de coordinar acciones de defensa del territorio del departamento.
Por su parte, las comunidades afectadas solicitaron la paralización del proceso de georreferenciación de límites, que se inició el 13 de marzo, ya que “las autoridades originarias participaron en forma obligada”.
Según el Comité Cívico, la única forma de resolver este conflicto será con la aprobación de la Ley de Unidades Territoriales, porque se presume la designación de jueces imparciales, que efectuarán una revisión de los documentos de los dos departamentos en conflicto.
Autoridades del cantón Villa Esperanza de la provincia Ladislao Cabrera también pidieron al gobernador Santos Tito, suspender el trabajo que se pretende continuar esta semana, con los técnicos del Instituto Geográfico Militar, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Autonomías.
Opinión
Según dirigentes del Comité Cívico de Oruro, la única forma de resolver este conflicto será con la aprobación de la Ley de Unidades Territoriales, porque se presume la designación de jueces imparciales, que efectuarán una revisión de los documentos de los dos departamentos en conflicto.
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