Más de 17.000 familias se beneficiaron con el programa de regularización técnica y administrativa de las nuevas urbanizaciones que se asentaron en la ciudad de Oruro, durante siete años, primero, como avasalladores y después, logrando acuerdos con los propietarios de los terrenos para no ingresar en la comisión de delitos.
El programa especial de urbanizaciones fue cerrado ayer por la alcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores, después de un informe oficial que fue emitido por parte de su secretario general, Jorge Ustarez, para “consolidar viviendas y para aplicar una política de reordenamiento territorial y planificación urbana en los alrededores de la ciudad de Oruro”.
Ustarez dijo que el programa tuvo un inicio difícil, por la oposición de algunos sectores de la población y por las observaciones que también surgieron en el mismo seno del Concejo Municipal que no quería resolver el conflicto de miles de familias, sino la aplicación permanente de un reglamento técnico que era muy burocrático.
La aprobación de planos de las urbanizaciones, en última instancia debía efectuarse por parte del Concejo Municipal, institución que pretendía “resolver conflictos que no le correspondían, ya que imperaba el criterio político, antes que técnico”.
Las urbanizaciones aprobadas durante los seis meses de vigencia de ese programa incluían a Ampliación San Isidro, con 5.754 familias, 7 de Marzo con 1.224 familias, Pumas Andinos con 4.562 familias, 3 de Mayo Qaqachacas con 2.263 que, en realidad, eran las más grandes en cuanto a asentamientos humanos que nunca se había visto en Oruro, en toda su existencia, desde hace más de 400 años.
Otra urbanización grande se refiere a El Carmen, también en la zona Este de la ciudad, al lado del aeropuerto Juan Mendoza, donde se tabuló a más de 2.000 familias. Esta urbanización, sin embargo, ya tiene una duración de 30 años, pero que nunca pudo consolidar sus planos, por defectos técnicos y legales.
Las otras urbanizaciones, como Villa Viscachani, Bustillos, Norte Vinto, Vinto Zona 3, Villa Satélite, Bolívar Vinto-Socavón II, Central Vinto, Juan Evo Morales y La Prensa, comprenden a 200 familias cada una.
“De esta forma, el Gobierno Municipal de Oruro ha concluido la aprobación de urbanizaciones en base a la ley excepcional, aprobando el Decreto Municipal 02, del 8 de octubre de 2012, para completar el reordenamiento urbanístico en sectores donde crecía sin ninguna planificación”, afirmó Ustarez.
La alcaldesa municipal, Rossío Pimentel, dijo que se está cerrando el programa, “solucionando un gravísimo conflicto de terrenos, que se había presentado desde hace siete años, para que cada uno de los interesados puedan lograr su derecho propietario, llegando a acuerdos con los legítimos dueños, sin romper las normas municipales”.
La Alcaldía Municipal, de esa forma, también logró la transferencia de las áreas verdes y de equipamiento, registrándose cada una de esas tierras para que en el futuro inmediato se puedan construir canchas, escuelas, postas sanitarias, puestos policiales, plazas y parques que son indispensables para un crecimiento ordenado de la ciudad.
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