lunes, 16 de noviembre de 2015

En cinco años Ex directora de Transparencia de la Gobernación ejecutó casi 200 procesos

En los cinco años de permanencia la ex directora de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Felicidad Apaza, ejecutó aproximadamente 200 procesos, en su mayoría administrativos.

La ex autoridad, a tiempo de manifestar que será la población la que evalúe su trabajo, señaló que no dejó ningún caso pendiente y que todos fueron cerrados desde esa instancia, pero que existen algunos casos que están en otras instancias como la Secretaría de Asuntos Jurídicos o el Ministerio Público.

"Me voy tranquila, con la satisfacción del deber cumplido en el trabajo encomendado por el ex gobernador (Santos Tito Veliz), es potestad del actual gobernador (Víctor Hugo Vásquez) cambiar al personal de su confianza, pienso que se ha cumplido y espero que la nueva autoridad que ha asumido el cargo, cumpla con el trabajo que se ha emprendido", expresó la ex directora.

Felicidad Apaza estuvo en el cargo desde el 16 de julio de 2010 hasta el 5 de noviembre de 2015, y fue reemplazada por Varynia Eugenia Aramayo Vilches, una joven abogada que ya era funcionaria de la Gobernación.

Al respecto, Apaza manifestó que espera que el gobernador haya considerado que quien está asumiendo el cargo cumpla el perfil exigido por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues caso contrario es un delito.

De los casos atendidos, si bien no pudo brindar información detallada, pues los datos se quedaron en la oficina que ocupaba, indicó que de los casi 200 casos se han sancionado en su mayoría, tanto a servidores públicos actuales, como anteriores.

"Ha sido un 20 o 25 por ciento que se han ido a proceso penal porque el resto eran administrativos. Más del 60 por ciento han sido sancionados en su momento, con la suspensión en algunos casos del cargo, otros con la destitución e incluso se recuperó montos económicos por responsabilidad civil", indicó.

Lamentó que algunos casos hayan sido rechazados en el Ministerio Público, ya sea por el cambio de fiscales o negligencia de algunos funcionarios de Asuntos Jurídicos que debían llevar el caso.

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