Ayer en audiencia conclusiva, el juez de Instrucción Cautelar en lo Penal, Gabriel Marco Chambi Mejía, dispuso el inicio del juicio oral contra el ex prefecto Alberto Luis Aguilar Calle y otros, por el caso "Puerto Seco", dentro el cual se investigan presuntas irregularidades en el proceso de licitación de dicho proyecto.
La parte acusada, presentó una serie de objeciones a la querella, sin embargo, las mismas fueron rechazadas por el juez, resolviendo, que al no haber mayores observaciones, una vez ejecutoriado lo dispuesto, se remita inmediatamente el caso al Tribunal de Sentencia de turno, previo sorteo.
"Pensamos que no va a existir apelación alguna, toda vez que se ha obrado conforme a derecho y los próximos días ya todas las pruebas que han sido presentadas van a ser remitidas ante el tribunal de sentencia para que se dé inicio al juicio oral correspondiente, previo sorteo de jueces ciudadanos", indicó el fiscal de materia, Aldo Morales.
El ex prefecto, una vez más, no se hizo presente en la audiencia, sin embargo, esto no imposibilitó que la misma se realice, en presencia de los otros acusados, el ex secretario general de la Prefectura, Tomás López, la ex secretaria de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), Patricia Jaldín Jallasa, el ex director de Asuntos Jurídicos, Fidel Gutiérrez y el ex encargado del Proyecto Puerto Seco, Víctor Hugo Moreno Sotomayor.
El juez aclaró que los acusados tienen 72 horas para realizar una impugnación a la decisión que asumió, al rechazar los incidentes que presentaron.
En la audiencia conclusiva también estuvieron presentes los representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y de la Cámara de Artesanos, Micro y Pequeños Empresarios del Occidente (Campeo).
Morales indicó que las varias objeciones a la querella que presentó la parte acusada en dos oportunidades, retrasaron la prosecución del presente actuado "pero estimamos que con esto ha concluido todo y el juicio oral se aprobará".
El Ministerio Público ha acusado a Aguilar y otros, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, y solicitará una sentencia condenatoria en mérito de todo los extremos que van a ser probados a través de la documentación pericial.
"Se ha dañado las arcas nacionales, toda vez que se ha cancelado a una empresa por un trabajo que se está volviendo a hacer, en cuanto a la localización y otros del Puerto Seco, en ese sentido ha existido un daño económico", dijo el fiscal.
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