Las autoridades del departamento de Potosí pidieron una prórroga, para pronunciarse respecto al conflicto de límites que se tiene con Oruro en el sector Coroma-Quillacas. A la fecha no se conoce que tiempo será esa ampliación de plazo que solicitaron los potosinos.
Esa fue la información que brindó ayer la directora de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), Yamile Gutiérrez, quien indicó que hasta la fecha no se conoce el pronunciamiento de Potosí dentro del proceso administrativo interdepartamental denominado Coroma-Quillacas, Salinas-Pampa Aullagas.
"En ese entender, consideramos que para este mes se conocerá este pronunciamiento. También se nos ha informado que solicitaron una ampliación del plazo porque se encuentran en coordinación con sus comunarios", explicó.
Hasta el 20 de junio, los potosinos deberían pronunciarse, pero como pidieron la prórroga, aún no se tiene una fecha al respecto, aspecto que tampoco determina la nueva Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, hecho que significaría que hay vacíos legales en la mencionada norma.
Gutiérrez reiteró que solo recibieron información de la petición de ampliación del plazo por Potosí.
"Más allá desconocemos y no podemos informar con precisión", señaló.
ANTECEDENTES
La autoridad departamental, Yamile Gutiérrez dijo que algunas instituciones enfocan el conflicto de límites a partir de convocatorias o medidas de presión.
"Tenemos que tomar en cuenta que el tema limítrofe a nivel nacional se resuelve por procesos administrativos, en este entender, el conflicto Coroma-Quillacas se arrastra desde el 2002, que fue iniciado por el departamento de Potosí, con la Ley 2150 (de Unidades Políticas y Administrativas) no ha llegado una resolución final y quedó en etapa conciliatoria. Posteriormente, se sobrepasó el tiempo establecido por la norma que determinaba 180 días para terminar procesos de límites de departamentos", indicó.
Argumentó que esos procesos no han terminado a nivel nacional. Luego, el 2010, la Ley Marco de Autonomías mediante la disposición transitoria sexta, determinó la paralización de todos los procesos de límites, de delimitación, de creación, de modificación, de anexación, hasta que se promulgue una nueva ley.
"El 2013 se promulgó la Ley 339, posteriormente su reglamentación, pero por disposición de la Ley Marco de Autonomías, entra en vigencia 180 días después de su promulgación, es decir, a partir del 31 de julio. A partir de esa fecha se tiene una nueva normativa, con otros aspectos y parámetros legales diferentes a la anterior Ley 2150, que parte desde la Constitución Política del Estado, que es la voluntad democrática de los habitantes, en ese entender, es que el año pasado se trabajó con la socialización de la ley y con la información a cabalidad del proceso a los comunarios", señaló.
Entre ellos, la propuesta técnica, los mojones involucrados, las comunidades afectadas en el conflicto y la documentación respectiva, para que con la parte ejecutiva de la Gobernación se emita un pronunciamiento.
A la fecha, el mencionado pronunciamiento ya emitió el gobernador Santos Tito que encausó el proceso que estaba paralizado. Luego, ese proceso fue enviado a Potosí para que sus autoridades se pronuncien, que ahora se espera una respuesta.
"De acuerdo al pronunciamiento de ambos departamentos, la instancia nacional (Ministerio de Autonomías) emitirá su informe dando curso o respondiendo a lo que hemos solicitado", añadió.
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