Oruro posee mayores evidencias documentales para trabajo de gabinete

A pesar que existen diferencias entre el Comité Cívico y las autoridades departamentales como el gobernador, Santos Tito, ambas instancias concuerdan en que el departamento de Oruro posee mayores argumentos históricos documentales que fortalecen la defensa del territorio, frente a la postura de Potosí.

Dentro de una valoración cuantitativa, Oruro posee 72 evidencias históricas y Potosí solamente 35, en tanto que dentro de un parámetro cualitativo, el departamento también cuenta con documentos originales y de mayor data, como por ejemplo el Testimonio de Títulos de Quillacas entre 1571 y 1591; el Testimonio que franquea el notario de hacienda y Gobierno, Pacífico Azeñas Valdez de los títulos de la Corona de España sobre venta y composición de las tierras de la audiencia de Charcas; la fotocopia de Testimonio de Título de Propiedad otorgado por la Corona de España "Aroma-Aullagas" de 1600, entre otros.

La presencia orureña en el trabajo de gabinete, dentro del proceso especial de conciliación y delimitación limítrofe, cuenta con una mayor sustentación legal, indicó el gobernador Santos Tito, situación corroborada por el encargado de la Unidad Técnica de Límites (UTL) de la Gobernación, Jhonny Suárez.

Pero esta afirmación también la emitió la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra, junto a pobladores de la provincia Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa, manifestando que el departamento de Potosí, sólo entregó 35 pruebas documentales que en algunos casos, fueron remitidas a destiempo y en otros casos en simples fotocopias y evidencias históricas dudosas, aprovechando la presencia de autoridades potosinas en el Ministerio de Autonomías, como el viceministro Gregorio Aro.

Estas anomalías, fueron detectadas en su debida oportunidad, al comenzar la presente gestión, hecho que obstaculizó que se concluya con el trabajo de gabinete, que ahora estará a cargo de profesionales expertos y objetivos, de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Autonomía Claudia Peña, la semana anterior cuando arribó al departamento.

Este proceso también se obstruyó con el avasallamiento de más de 60 hectáreas sembradas en Rodeo, Potosillo y Challuma y por el incumplimiento a las actas de pacificación de parte de comunarios potosinos, suscritas la pasada gestión en Sucre y Cochabamba, documentos refrendados por ambas partes, pero incumplidos unilateralmente por los potosinos, lo que abre la posibilidad de responsabilidad penal, se explicó.