El presidente del Comité Cívico de Oruro, Pedro Challapa, confirmó el paro indefinido que se iniciará el jueves 29 de mayo, para exigir una solución al conflicto de límites entre Oruro y Potosí, después que se habría verificado el uso de un mapa distorsionado para las próximas elecciones generales del 12 de octubre.
“El paro tiene respaldo de las instituciones de Oruro, que han expresado predisposición para asumir responsabilidades en esta clase de movilizaciones. Será un paro indefinido, hasta lograr una solución a este conflicto. No se trata únicamente de un paro por un poco de quinua”, afirmó Challapa.
El dirigente cívico dijo que hasta la fecha “no se ha logrado ninguna respuesta de parte del Ministerio de Autonomías, para que resuelva este conflicto, que no ha sido generado por el pueblo de Oruro, sino por las mismas autoridades que en forma pacífica y silenciosa, tratan de tapar un conflicto de magnitud, como son los límites”.
Afirmó que en Oruro, “todos queremos un mapa definitivo; no queremos un mapa provisional, porque con esa clase de mapas, en cualquier momento van a continuar cercenando nuestro territorio departamental, de acuerdo a los intereses de los vecinos”.
El paro de actividades se aplicará desde el jueves, a las 8:00 horas. Los dirigentes cívicos explicaron el contenido de las demandas, en forma particular a los transportistas, para que se sumen a estas medidas del Comité Cívico.
Los dirigentes de la Federación de Choferes San Cristóbal se comprometieron a convocar a un ampliado departamental de su sector para tomar una determinación, en forma inmediata.
La misma posición fue expresada por un sector de la Federación de Gremiales de Oruro, que preside Marcelino Arancibia. Otro sector, que desconoce a Arancibia, decidió respaldar las movilizaciones en las calles, hasta lograr la unidad del pueblo de Oruro, para exigir respeto a los límites departamentales.
El expresidente del Comité Cívico, Jorge Vela, aseguró que la solución de este conflicto, “mucho dependerá de la forma de actuación de los técnicos y abogados de la Gobernación de Oruro, que ya debían tener un proyecto preparado para evitar vueltas y vueltas”.
Dijo que el conflicto se arrastra desde el 2002 y después de 12 años, no se puede encontrar una solución inmediata.
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