lunes, 31 de agosto de 2015

Edificio policial de Oruro está abandonado 35 años


El edificio de la Policía Departamental de Oruro, de cuatro plantas, construido con 3 millones de bolivianos, ubicado frente a la Terminal de Buses, está abandonado durante 35 años y sus estructuras se deterioran sin uso. Sus alrededores sólo sirven para el depósito de basura.

El edificio fue construido durante el gobierno del general Luis García Meza, en 1980. La inversión era de 3 millones de bolivianos, solamente en la obra gruesa. Como no había dinero para la obra fina, el proyecto fue paralizado hasta la fecha.

La gruesa estructura de hormigón armado no solo debía servir para la instalación de las oficinas de la Unidad Operativa de Tránsito, sino también para dependencias de la Policía Departamental. Ningún comandante de la Policía Boliviana quiso tramitar más recursos económicos.

La estructura del edificio –según los técnicos de la Gobernación Departamental de Oruro–, aún puede ser utilizado para su conclusión.

El exgobernador de Oruro, Santos Tito Veliz, prometió la culminación del edificio, hace dos años, pero, después de las promesas, ningún técnico ni la misma autoridad pudo hacer una inversión para habilitar las oficinas de la Policía.

Los vecinos de la zona de la Terminal de Buses anunciaron “tomar el edificio por la fuerza, porque parece que a la Policía no le interesa ocupar esos ambientes y quiere seguir en las mismas condiciones que hasta ahora, con oficinas viejas, incómodas, ubicadas en el centro de la ciudad”.

El excomandante de la Policía de Oruro, coronel Carlos Quiroga, prometió concluir el edificio, pero fue cambiado de destino, antes de cumplir ese sueño.

“Esa preocupación es parte de la seguridad ciudadana. Existe un compromiso para que la Gobernación pueda concluir ese edificio que está abandonado por décadas”, dijo.

El exgobernador Santos Tito incluso firmó un compromiso en Sucre, para que la Gobernación de Oruro concluya las obras, para el funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana.

El presupuesto se debía incluir en de la gestión 2014, pero misteriosamente, fue anulado. Para la gestión 2015, no existe ni un centavo para ese proyecto, confirmó el exasambleísta, José Luis Toco, que también estaba haciendo un seguimiento al caso.

El edificio fue construido sobre un terreno que no fue expropiado legalmente, por instrucciones del expresidente dictatorial, Luis García Meza. El terreno sigue inscrito en Derechos Reales, a favor de varias personas que, en forma permanente, exigen el pago de una indemnización o una compensación con otros terrenos en el radio urbano de la ciudad.

Alejandro Llanos, uno de los afectados, de profesión abogado, exigió a todos los alcaldes y concejales que pasaron por el municipio, adoptar una decisión al respecto, pero nadie resolvió el conflicto del derecho propietario. Todos los alcaldes pidieron informes a sus técnicos y asesores y estos, “evaden el problema, con el rótulo: Salvo mejor parecer de su autoridad”.

El terreno no se utiliza ni se deja utilizar a los verdaderos dueños. La Policía ocupó los terrenos en 1980 y el gobierno de García Meza construyó aceleradamente el edificio, pero nunca fue concluido, por falta de recursos económicos.

Según los vecinos, “la Policía Boliviana debe definir el uso de ese edificio o renunciar al terreno, para que el proyecto sea destinado para otros fines, porque actualmente es un basural y las paredes sirven para baño público de choferes y pasajeros de los surubíes que viajan a Challapata”.

El edificio de cuatro plantas está ubicado en la calle Brasil, esquina Villarroel.

“Si la Policía no quiere ese edificio, el municipio de Oruro debía hacerse cargo para la construcción de una guardería o de un centro de salud”, afirmó Ramiro Gutierrez, expresidente de la junta vecinal de ese sector.

La Unidad Operativa de Tránsito, en vez de utilizar ese edificio, coloca una pequeña carpa sobre la calle Villarroel, para realizar la inspección de vehículos motorizados. Al interior del edificio, existe abundante cantidad de basura y plantas silvestres que están deteriorando los cimientos de esa estructura de cemento.

“Son 35 años de abandono. La Policía parece que no necesita ambientes para garantizar su funcionamiento”, expresó uno de los vecinos, mientras que Alejandro Llanos, “sigue deambulando por las oficinas de la Alcaldía, durante 35 años, para que le paguen una indemnización o una compensación con otro terreno, en otra zona de la ciudad”.

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