El alcalde municipal de Oruro, Édgar Bazán Ortega, afirmó que asumirá defensa en un proceso coactivo que inició la Contraloría, para no devolver 2.6 millones de bolivianos que se utilizaron en la gestión 2008 y 2009 para el pago del bono pro fundación de la ciudad de Oruro.
Bazán dijo que una vez que sea notificado oficialmente, presentará “todos los descargos ante el Juez Coactivo, para dilucidar esta situación y que el tema no debería ser politizado por algunos concejales”.
La Contraloría emitió un dictamen contra el Alcalde, atribuyéndole responsabilidad civil, por haber aprobado ese bono, que consiste en un sueldo para cada uno de los trabajadores municipales, empezando del mismo ejecutivo, por no existir respaldo legal correspondiente. “Existe una sentencia ejecutoriada del juez (de Derecho Laboral) Alejandro Llanos, y confirmada por sentencias constitucionales”, afirmó el Alcalde y pidió a la Contraloría “respetar los derechos adquiridos de los trabajadores”.
Por su parte, los trabajadores municipales pidieron a los concejales de la ciudad aprobar una ley para respaldar el pago del bono pro fundación de Oruro y garantizar su existencia en el futuro, por tratarse de “un derecho adquirido durante más de doce años”.
El ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores Municipales, Sebastián López, dijo que el bono se paga desde 1987 y desde entonces se han realizado las acciones legales para su cancelación cada año, incluyendo movilizaciones y huelgas, hasta su consolidación.
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