Oruro enfrenta cuatro procesos de límites con La Paz y Potosí

El departamento de Oruro enfrenta cuatro procesos de límites de los tramos San Antonio de Cruzani-San Felipe de Challa (La Paz), Tarucamarca-Aroma (La Paz), Tayaquira-Chullpas (Potosí) y Culta-Tinquipaya (Potosí), al margen de Quillacas-Coroma (Potosí), que es el que tiene mayor repercusión a nivel nacional.

La directora de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-oru), Yamile Gutiérrez brindó esta información y aseguró que se trabaja en la atención de esos conflictos que están pendientes.

"En esos tramos, al similar caso de Coroma-Quillacas-Salinas-Pampa Aullagas, también se realizan los trabajos preliminares. Estamos a una o dos reuniones con el caso de Tayaquira y Tarucamarca, para cerrar los trabajos preliminares y llegar a un pronunciamiento del gobernador (Santos Tito) como en el caso de Coroma-Quillacas", señaló.

En lo que respecta a los otros dos tramos San Antonio de Cruzani-San Felipe de Challa y Culta-Tinquipaya, la representante departamental señaló que aún se trabaja en la coordinación con otras autoridades y se estableció una agenda que debe cumplirse para terminar con un pronunciamiento oficial.

"Recordemos que en estos casos, los procesos con La Paz y uno con Potosí, se encuentran en grado de apelación, desde el 2005 para adelante. Ahora la interrogante es, ¿por qué esos procesos desde hace tiempo no se han movido?, en todo sentido lo que se encuentran en grado de apelación, se debe a que no se ha constituido la autoridad de segunda instancia", señaló.

Esa instancia es el Consejo de Asuntos Territoriales cuyo trabajo se dispuso mediante un decreto supremo, hasta la fecha no fue constituida y no hay una autoridad de segunda instancia, que resuelva el caso.

Gutiérrez explicó que después de la gestión 2010, por disposición de la Ley Marco de Autonomías, los procesos quedaron paralizados hasta que se promulgue una nueva normativa.

Argumentó que ahora que se tiene la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, esos procesos pendientes merecen que sean resueltos mediante esa instancia.

"En todos los tramos que se tiene iniciados (los procesos) con la Ley 2150 de Unidad Política y Administrativa, el gobernador tiene que pronunciarse como ocurrió en el caso de Coroma-Quillacas. Ahora ese pronunciamiento por la adecuación a la nueva Ley 339 o en su caso de no haber acuerdo de partes, concluir con la Ley 2150 merece un trabajo preliminar de análisis de informes técnicos y jurídicos de la Dirección de Límites con los comunarios involucrados", indicó.

Añadió que es necesario trabajar con ellos para tener su consentimiento y asumir una posición unánime sobre el pronuciamiento.