La alcaldesa municipal, Rossío Pimentel Flores, impugnó por segunda vez, una ley aprobada por el Concejo Municipal que tiene el objetivo de fiscalizar los contratos realizados por las autoridades ejecutivas.
El presidente del Concejo, Germán Delgado, dijo que por dos tercios de votos, “se confirmó la vigencia de la ley de fiscalización de los contratos que realizan las autoridades ejecutivas”.
Según el concejal Rodolfo Uyuni, en aplicación de la Ley 482, de Gobiernos Autónomos Municipales, “no corresponde la reconsideración de la ley municipal aprobada, ya que la ejecutiva tuvo suficiente tiempo para hacer sus observaciones, que fueron atendidas oportunamente”. Dijo que, en consecuencia, “se derivó nuevamente a la ejecutiva municipal la ley aprobada para la fiscalización de obras y proyectos, pero extrañamente se hace otra representación, que demuestra que parece que no quieren fiscalización de los gastos que se realizan en la Alcaldía”.
Explicó que eso es inaudito y que en todo caso, el Concejo Municipal debe emitir la ley para su plena vigencia, porque no es posible que los funcionarios subalternos hagan observaciones en representación de la Alcaldesa.
Por ese motivo, dijo que la ley fue ratificada por el Concejo Municipal, con la única oposición de la concejal Evelin Fernández Tastaca.
Según Evelin Fernández, la nueva ley de fiscalización municipal “no es congruente con las leyes vigentes en nuestro país” y que “los errores deben ser corregidos, para evitar observaciones en el futuro”.
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