Centenares de personas tomaron el edificio de la Alcaldía de Oruro, colocando carteles en las puertas e impidiendo el ingreso y salida de los funcionarios de esa institución, porque la alcaldesa de la ciudad, Rossío Pimentel Flores, “se niega acatar la resolución del Concejo Municipal para regularizar los planos de las urbanizaciones de la zona Sureste”.
El presidente del comité de defensa de las juntas vecinales periurbanas, Carlos Espinar dijo que la decisión es firme, hasta lograr la consolidación de sus planos, después de haber esperado seis años de dilaciones, promesas y constantes avasallamientos de los terrenos que se encuentran en la urbanización Ampliación San Isidro, donde hay 21 juntas vecinales.
“Nosotros queremos todo legal. Estamos exigiendo el cumplimiento de la resolución que ha emitido el Concejo Municipal, para aplicar un plan de regularización de planos, pero la alcaldesa Pimentel se niega sistemáticamente a cumplir esa disposición. No queremos que nos regalen nada”, advirtió.
Los vecinos, se apostaron en las puertas de la Alcaldía Municipal y del Concejo, a las 12:00 horas, para presionar a la alcaldesa la solución del conflicto. “Nuestros trámites están paralizados en la Alcaldía, desde hace dos años, por instrucciones de la alcaldesa. Queremos pagar nuestros impuestos y que los planos individuales sean registrados en el Juzgado de Derechos Reales”, afirmó Espinar.
“Nosotros no hemos provocado este conflicto, sino la alcaldesa y los concejales, que no se entienden y cada uno se pasa la pelota. Nosotros queremos que se cumpla la ley, en forma inmediata”, explicó.
Las actividades laborales en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro fueron suspendidas, pero dentro del edificio se encuentra un grupo de policías que, por razones de seguridad, se habían apostado desde temprano, a convocatoria de las autoridades de esa institución.
Un funcionario del Gobierno Municipal explicó que la alcaldesa Rossio Pimentel no se encuentra en la ciudad y pidió un plazo de tres días, para resolver el conflicto, ya que se están haciendo consultas para aplicar la resolución del Concejo Municipal, “para que no hayan posteriores observaciones”.
El representante de la sucesión Urquidi, Enrique Urquidi, entregó una fotocopia legalizada de la sentencia emitida por el Tribunal Agroambiental de Bolivia, donde la Sala Segunda Liquidadora declara “improbada la demanda interpuesta por la comunidad de Sora”, que estaba pidiendo la anulación del derecho propietario de los terrenos de esa familia.
Urquidi explicó, durante un cabildo abierto cumplido en la Avenida Cívica, que en base a esa demanda de nulidad de los títulos de propiedad, “los Sin Techo, las autoridades municipales y del Ministerio Público dudaban de la validez de esos documentos y, por ese motivo, han paralizado todos los trámites de venta de esos terrenos y después se ha fomentado el avasallamiento de lotes”.
Los loteadores “han hecho escarnio de este problema, para apoderarse de nuestros terrenos y para revenderlos, pero por fin se ha aclarado este tema y ahora no hay justificativo alguno para continuar el avasallamiento de terrenos y ahora la alcaldesa Pimentel no sabe cómo solucionar este problema que ella misma se ha creado”, agregó Urquidi.
La demanda de nulidad de los títulos de los terrenos de la sucesión Urquidi fue planteada hace tres años, por Teodoro José Ignacio, en representación de la comunidad de Sora. Según Carlos Espinar, los únicos que se han aprovechado de la situación, son Luis Alegría y Felipe Huarachi, representantes del Movimiento Sin Techo.
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