Desde el mes de marzo la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad realiza un diagnóstico institucional sobre la inserción laboral de personas con discapacidad en 39 instituciones orureñas, pero a la fecha, solamente recibió respuesta de siete instituciones públicas, de las cuales el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), es la entidad que más personas con discapacidad (32) tiene contratadas.
"Hay que aplaudir a la alcaldía, actualmente tiene 32 personas con discapacidad, 18 son con ítem y 14 eventuales, hemos revisado uno por uno, todas son personas con discapacidad, entonces queremos esa amplitud y apertura en las demás instituciones que incorporen a personas con discapacidad", indicó el jefe de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, Daniel Villcarani.
La Unidad Especializada para Personas con Discapacidad depende del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, pese a ello, la máxima institución departamental a la fecha no presentó el informe requerido por dicha unidad para contabilizar y tener un diagnóstico de cuantas personas con discapacidad están empleadas en las instituciones públicas o privadas en Oruro.
Entre las pocas instituciones públicas que tienen oficinas en Oruro, que cumplieron con el requerimiento, están: la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) con tres personas con discapacidad a contrato, Empresa Nacional de Electrificación - ENDE con tres personas con ítem, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con una persona con ítem, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en su planilla registra a siete personas con ítem.
Por su parte Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuenta con 20 personas con ítem y siete trabajadores eventuales, dichos datos son del total de empleados con discapacidad a nivel nacional; el Órgano Departamental Electoral de Oruro y la Empresa Ferroviaria Andina respondieron argumentando que no cuentan con personas con discapacidad en sus planillas de personal.
Dentro de la planificación de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, el diagnóstico debería haber terminado en abril, pero la indiferencia de las instituciones tanto públicas como privadas perjudicó el trabajo.
"Aún falta que nos remitan las otras instituciones, faltan más de 30 notas a las diferentes instituciones, justamente hemos estado haciendo seguimiento, en muchas de las instituciones dijeron que está (la información) en el área de recursos humanos, pero sin embargo hasta la fecha no nos hicieron llegar", finalizó Villcarani.
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