La presencia de la Policía en el límite departamental no fue solución.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, anunció que iniciará una ronda de consultas con las comunidades de Coroma, Potosí, y Quillacas, Oruro, para determinar la militarización del límite departamental y evitar los avasallamientos de territorios que fueron denunciados por pobladores de ambas regiones.
El conflicto entre los dos departamentos renació en julio de 2010 después del anuncio del Gobierno de instalar una fábrica de cemento que sería abastecida por piedra caliza del cerro Pahua, cuya posesión es reclamada por orureños y potosinos.
El Ministerio de Autonomías abrió un proceso de diálogo, cuya primera etapa debe concluir en enero de 2012, pero Oruro denunció la parcialización de las autoridades con Potosí, porque el viceministro de Autonomía Indígena, Gregorio Aro, es natural del Norte potosino.
“La gente de Oruro nos pide la militarización; estamos viendo la posibilidad y tratando de consultar directamente con las ocho comunidades afectadas para ver si estarían de acuerdo con esta medida. Es un proceso que está en marcha y se lo retomará una vez que concluya el paro de Oruro”.
La propuesta de militarización nació del gobernador de Potosí, Félix Gonzales, actualmente con licencia por motivos de salud. La autoridad hizo el planteamiento en agosto, para frenar los avasallamientos para la siembra de quinua de los campesinos orureños de Quillacas.
El Gobierno rechazó la propuesta y fue Peña quien sostuvo que “no son países enfrentados para movilizar el Ejército a un límite departamental”, y como respuesta pidió a los gobernadores del área en conflicto que envíen un contingente policial a la zona a fin de evitar enfrentamientos entre comunarios.
La anterior semana, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, desestimó la ocupación militar del límite interdepartamental, pues no es un conflicto tan severo para utilizar la fuerza armada.
Entretanto, el gobernador de Oruro, Santos Tito, afirmó en varias oportunidades que los 40 efectivos policiales destinados a la región limítrofe no son suficientes, porque los avasallamientos continúan y por eso se justificaría la militarización de esa región.
400 años tiene el conflicto entre las dos regiones, según la ministra de Autonomías, Claudia Peña.
“El gobierno nacional no tiene la potestad unilateral de resolver y definir de manera vertical cuál de los dos departamentos está asistido POR la razón, sino más bien debe ser un acuerdo entre dos departamentos”, de esa manera se refirió el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, al conflicto.
Volver al diálogo. La mesa de conversación continuará después del paro de Oruro, aseguró la ministra de Autonomías, Claudia Peña, quien consideró que la medida de presión sólo postergó una vez más una salida pacífica al conflicto.
Peña dijo que la solución a la pugna se dará cuando la comisión que evalúa los documentos presentados a su despacho determine cuál de las dos regiones tiene un mejor derecho sobre los documentos.
Fue descartada la presencia deL presidente Evo Morales en oruro para facilitar el diálogo y levantar el Paro.
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