El asambleísta departamental de oposición, William Tórrez, por medio de un proyecto de minuta de comunicación, busca establecer instrumentos legales para iniciar una auditoría financiera, administrativa y jurídica que revele la verdad material de los hechos de la venta, pago y compra de la Terminal de Buses "Hernando Siles", cuando fue privatizada.
"El propósito fundamental es establecer un proceso de fiscalización transparente, por el establecimiento correcto del derecho propietario de la terminal de buses ´Hernando Siles´, a fin de poder tener conocimiento de todo el proceso que involucró su venta a privados y sus pormenores desde la época de la Prefectura hasta el presente, posibilitando el saneamiento de la propiedad y las sanciones a las acciones y procedimientos irregulares, si es que existiesen", señaló.
La terminal de buses fue privatizada el 21 de noviembre de 1995 y el hotel Terminal el 23 de octubre de 1996, la familia Loayza compró las dos estructuras en 1,8 millones de dólares, aunque su costo de construcción fue de 6 millones de dólares. Ambas pertenecían a la desaparecida Corporación de Desarrollo de Oruro (Cordeor). El 2012 fue nacionalizada y actualmente es administrada por el Empresa Pública Departamental de Oruro (Epdeor).
"Las irregularidades deben de ser primeramente establecidas mediante un proceso de investigación y conforme es esto, ser sancionadas como corresponda, es así que todos los ilícitos presumiblemente cometidos en el proceso de la venta primero, privatización y readquisición de la terminal de buses ´Hernando Siles´, deben de ser investigados, tanto desde el aspecto financiero como desde el aspecto jurídico", añadió Tórrez.
El documento presentado a la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), señala que si el pago por la terminal de buses, por parte de los privados, fue efectuado de forma irregular usando ganancias de la misma terminal en el transcurso de varios años, se trata de una figura punible por la ley penal vigente, aspecto que bastaría con su demostración, para la restitución del bien.
"En la coyuntura presente la especulación campea en el ámbito de la opinión, es así que una respuesta mesurada al respecto del futuro de la terminal ´Hernando Siles´ necesariamente, primero, debe de contener la información correcta del derecho propietario… como autoridad máxima del departamento es deber de la Gobernación dar una solución al problema primando la transparencia y el estado de derecho", añadió el asambleísta.
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