Asambleístas departamentales orureños, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen diferentes criterios en lo que concierne al conflicto de la Estación de Autobuses Oruro y su aparente cierre, los primeros indican que se trata de un problema interno que no compete a la Gobernación, en tanto los segundos señalan que hubo una competencia desleal.
Danitza Villarroel, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO), señaló que a través del Acuerdo de Intenciones, firmado el reciente domingo, los empresarios de la "nueva terminal" se dieron cuenta de que el conflicto era provocado por disputas internas y que no se puede cerrar ni tampoco despedir al personal de la terminal de buses de la Empresa Pública Departamental Oruro (Epdeor), porque se estaría incurriendo en un delito de daño económico al Estado.
"Creemos que la ´nueva terminal´ al hacer su tema de marketing, tienen que ver el tema de precios y atraer a las otras líneas de transporte y así tener toda la funcionalidad y el apoyo, no tuviera el respaldo de la Gobernación si estaríamos agarrando a los sindicatos que quieran irse o existiría penalidades, cosa que no se está haciendo", mencionó.
Villarroel también afirmó que la Gobernación tampoco puede ingresar a la Estación de Autobuses Oruro para regular los precios por tratarse de una inversión privada a pesar de que existen denuncias de cobros excesivos de 2 mil bolivianos o más, aunque este aspecto fue desmentido en horas pasadas por el presidente de la nueva terminal, Freddy Vidal.
"No podemos cerrar ninguna de las dos terminales, ambas tienen que funcionar, si bien la terminal antigua quedó muy pequeña, creo que solo la podemos cerrar en caso de quiebra y por ahora no se está reportando esa figura", aseveró.
El asambleísta de oposición Saúl Sánchez, señaló que como autoridades departamentales tienen que cumplir la Ley porque hasta la fecha se sabe que la nueva terminal tiene su licencia de funcionamiento y no así la antigua terminal que, por descuido de la administración pública, no cuenta con este documento, tampoco tiene el derecho propietario y menos se rindieron cuentas de los recursos que se maneja.
"El gobernador (Víctor Hugo Vásquez) y la Epdeor chantajearon a los operadores, anteriormente cobraban alquileres por más de mil bolivianos y hoy en día cobran menos de esa suma, aparte los hicieron comprometer que permanezcan 30 años en la terminal bajo el compromiso de hacer mejoras en la antigua terminal, yo creo que es deslealtad con el pueblo de Oruro", indicó Sánchez, aunque estas denuncias fueron desmentidas por el gobernador en días pasados.
Mencionó que como asambleísta está apoyando la inversión privada no por intereses políticos sino que se va en defensa del desarrollo de Oruro, por lo que el acuerdo firmado el pasado domingo no tiene razón de ser porque obliga a que la población no tendría que inmiscuirse en este asunto.
"Este problema ya no es de operadores o inversionistas, sino que rebasó el vaso y concierne a todo el departamento de Oruro, por lo tanto todos tienen derecho a opinar y dar las vías necesarias para solucionar este asunto", indicó.
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