Las juntas de vecinos de la ciudad de Oruro ayer realizaron un bloqueo en las principales vías de la urbe, exigiendo la ejecución de obras a la alcaldesa interina, Hilaria Sejas.
El representante de la Coordinadora de Juntas Vecinales de Oruro, José Flores, indicó “desde el ‘Casco’ hasta la salida a Potosí los vecinos han bloqueado ayer, exigiendo a la Alcaldesa que por lo menos vea el estado de las calles y la repare; no pedimos grandes obras, solo el mejoramiento de nuestras calles”.
El dirigente vecinal dijo también que “en Oruro se necesita un verdadero Alcalde y no una persona que promete todo y el momento de exigirle cumpla con su promesas se escude en su interinato para no hacer nada”.
El bloqueo se inició a las 09.00 horas y concluyó cerca de las 16.00, por lo que el ingreso al centro de la ciudad estuvieron cortados y los buses interdepartamentales fueron obligados a dejar a sus pasajeros en los ingresos a la ciudad.
Hilaria Sejas fue electa como alcaldesa de Oruro el 18 de mayo pasado, en remplazo de Edgar Bazán, quien se mantiene con detención domiciliaria por varios casos de supuesta corrupción en su gestión al frente del municipio orureño. (Fides)
martes, 13 de noviembre de 2018
El riesgo de inundaciones en zonas periurbanas es alto
Vecinos de zonas alejadas de la ciudad pidieron a las unidades operativas del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) ejecutar trabajos preventivos para contrarrestar los efectos de las constantes lluvias, ya que el riesgo de inundaciones es alto.
Las zonas más vulnerables fueron identificadas en el Norte y Este de la ciudad, principalmente por ser el sector del cauce del río Paria que año tras año presenta desbordes durante el periodo de lluvias.
Se entiende que con relación a gestiones anteriores el mes de octubre y noviembre fue prioridad para la puesta en marcha de trabajos preventivos, considerando que la recurrencia de las lluvias será más constante a partir de diciembre hasta febrero aproximadamente.
"A estas alturas ya sabíamos internar una cantidad grande de relleno para los defensivos, pero ahora no se ha hecho nada, apenas se ha atendido unas ocho o nueve juntas vecinales, pero de manera miserable. Cuando vamos a la Alcaldía lo único que nos dicen es que no hay plata", afirmó José Flores, secretario ejecutivo de la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (Codjuvepuro).
Se estima que un promedio de 50 urbanizaciones se ven afectadas sin encontrar una respuesta a este pedido, motivo por el cual este sector determinó iniciar movilizaciones de protesta en esta jornada para pedir el reinicio de obras paralizadas y la designación de una nueva autoridad al frente de la alcaldía de Oruro, que agilice la gestión municipal.
"Hace semanas ha llovido en el Este de la ciudad y esas aguas han venido a inundar nuestras juntas vecinales, hemos tenido experiencias donde el agua inclusive llega al metro de altitud y las casas ahí están una pena, el año pasado se ha atendido, pero ahora nada y el riesgo es alto en responsabilidad del municipio", añadió Flores.
De acuerdo a pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la región se encuentra en un periodo de transición a una época húmeda, lo que implica que la temporada de lluvias se prolongará hasta el primer trimestre de la siguiente gestión.
Las zonas más vulnerables fueron identificadas en el Norte y Este de la ciudad, principalmente por ser el sector del cauce del río Paria que año tras año presenta desbordes durante el periodo de lluvias.
Se entiende que con relación a gestiones anteriores el mes de octubre y noviembre fue prioridad para la puesta en marcha de trabajos preventivos, considerando que la recurrencia de las lluvias será más constante a partir de diciembre hasta febrero aproximadamente.
"A estas alturas ya sabíamos internar una cantidad grande de relleno para los defensivos, pero ahora no se ha hecho nada, apenas se ha atendido unas ocho o nueve juntas vecinales, pero de manera miserable. Cuando vamos a la Alcaldía lo único que nos dicen es que no hay plata", afirmó José Flores, secretario ejecutivo de la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (Codjuvepuro).
Se estima que un promedio de 50 urbanizaciones se ven afectadas sin encontrar una respuesta a este pedido, motivo por el cual este sector determinó iniciar movilizaciones de protesta en esta jornada para pedir el reinicio de obras paralizadas y la designación de una nueva autoridad al frente de la alcaldía de Oruro, que agilice la gestión municipal.
"Hace semanas ha llovido en el Este de la ciudad y esas aguas han venido a inundar nuestras juntas vecinales, hemos tenido experiencias donde el agua inclusive llega al metro de altitud y las casas ahí están una pena, el año pasado se ha atendido, pero ahora nada y el riesgo es alto en responsabilidad del municipio", añadió Flores.
De acuerdo a pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) la región se encuentra en un periodo de transición a una época húmeda, lo que implica que la temporada de lluvias se prolongará hasta el primer trimestre de la siguiente gestión.
sábado, 10 de noviembre de 2018
Vecinos solicitan a la justicia informar de la condición judicial del alcalde Bazán
Un informe que dé cuenta de la actual situación jurídica del alcalde de Oruro, Edgar Bazán Ortega, es la solicitud de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) ante instancias judiciales, con el propósito de conocer la legalidad del anuncio de reincorporación a su cargo como máxima autoridad edil.
La representación vecinal del municipio indicó en las recientes horas, que si bien el alcalde Edgar Bazán, goza de todo el derecho para reasumir sus funciones como autoridad, deberá estar debidamente respaldado y autorizado por el órgano jurisdiccional, ya que lo contrario solamente significaría ahondar al municipio en mayores conflictos por la "disputa de poder", haciendo relación sobre el contexto que se vive en la actualidad.
"Al ser un tema legal le estamos pidiendo a la justicia un informe de cuál es el camino, el alcalde ha sido elegido democráticamente, ese derecho no le podemos quitar, es el primer paso. Ahora, si tiene que entrar, lo hará bajo el compromiso de poner orden a la alcaldía, porque los únicos afectados somos los vecinos", afirmó Samuel Mendizábal, presidente de la Fedjuve.
Por otra parte, se dijo que la determinación del Concejo Municipal de Oruro será determinante en efectivizar o no la restitución del alcalde, tomando en cuenta que deben seguirse procesos en cuanto a la polémica por la Ordenanza Municipal 016/2018 de designación de la alcaldesa interina, Hilaria Sejas, y consecuentemente dar lectura a la nota presentada por Bazán para actuar de acuerdo a sus competencias.
CODJUVEPURO
De la misma manera, la posición de la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro (Codjuvepuro) se enmarca en respetar la legalidad de las resoluciones emitidas por la justicia, pero que estas deberán ser verificadas por las instancias pertinentes a mérito de no encontrarse con problemas administrativos o legales futuros.
"Si el alcalde Bazán ha solicitado su reincorporación es un derecho que nadie le puede quitar, pero eso lo deberá decir la autoridad jurisdiccional y el Concejo Municipal", aseguró José Flores, máximo dirigente de este sector.
Se espera que al iniciar una nueva semana dichos informes sean de conocimiento público, tomando en cuenta el anuncio de movilizaciones, en protesta, por parte de los vecinos, ante la paralización de obras que fueron a causa de la suspensión temporal del alcalde Edgar Bazán.
La representación vecinal del municipio indicó en las recientes horas, que si bien el alcalde Edgar Bazán, goza de todo el derecho para reasumir sus funciones como autoridad, deberá estar debidamente respaldado y autorizado por el órgano jurisdiccional, ya que lo contrario solamente significaría ahondar al municipio en mayores conflictos por la "disputa de poder", haciendo relación sobre el contexto que se vive en la actualidad.
"Al ser un tema legal le estamos pidiendo a la justicia un informe de cuál es el camino, el alcalde ha sido elegido democráticamente, ese derecho no le podemos quitar, es el primer paso. Ahora, si tiene que entrar, lo hará bajo el compromiso de poner orden a la alcaldía, porque los únicos afectados somos los vecinos", afirmó Samuel Mendizábal, presidente de la Fedjuve.
Por otra parte, se dijo que la determinación del Concejo Municipal de Oruro será determinante en efectivizar o no la restitución del alcalde, tomando en cuenta que deben seguirse procesos en cuanto a la polémica por la Ordenanza Municipal 016/2018 de designación de la alcaldesa interina, Hilaria Sejas, y consecuentemente dar lectura a la nota presentada por Bazán para actuar de acuerdo a sus competencias.
CODJUVEPURO
De la misma manera, la posición de la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro (Codjuvepuro) se enmarca en respetar la legalidad de las resoluciones emitidas por la justicia, pero que estas deberán ser verificadas por las instancias pertinentes a mérito de no encontrarse con problemas administrativos o legales futuros.
"Si el alcalde Bazán ha solicitado su reincorporación es un derecho que nadie le puede quitar, pero eso lo deberá decir la autoridad jurisdiccional y el Concejo Municipal", aseguró José Flores, máximo dirigente de este sector.
Se espera que al iniciar una nueva semana dichos informes sean de conocimiento público, tomando en cuenta el anuncio de movilizaciones, en protesta, por parte de los vecinos, ante la paralización de obras que fueron a causa de la suspensión temporal del alcalde Edgar Bazán.
Justicia ratifica derecho propietario de la Gobernación sobre el hotel y la terminal
Una resolución del Órgano Judicial ratificó el derecho propietario del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) sobre el Hotel Terminal y la Terminal de Buses "Hernando Siles", rechazando un recurso de nulidad que fue interpuesto por los expropietarios, quienes pidieron la anulación de la inscripción de la propiedad en derechos reales.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Samuel Pita, explicó ayer que el registro del derecho de propiedad sobre la infraestructura fue presentado el 29 de agosto de esta gestión, acreditando legitimidad al gobierno departamental como directo propietario. Este documento fue observado y objetado por los expropietarios de la terminal bajo el argumento que se habría pasado por alto ciertos derechos dentro del procedimiento. Es así que el 18 de septiembre interpusieron un "incidente de nulidad", pero que el mismo fue declarado improcedente.
"El Órgano Judicial nos notifica hoy (ayer) y resuelve rechazar este incidente de nulidad y consolida nuestro derecho propietario sobre el hotel y la terminal de buses. Lo que corresponde ahora es que las partes puedan recurrir a las instancias judiciales para que este procedimiento pueda revisarse y, en el caso de los expropietarios, procederse al pago", afirmó Pita.
PAGO Y AVALÚO
Es importante señalar que el avalúo de la propiedad asciende a 19 millones de bolivianos en general, a ello debe considerarse el pago económico por distintos conceptos, por ejemplo, en el aspecto impositivo, las deudas y otros, quedando una suma aproximada de 8 millones destinados a la cancelación de los expropietarios que también fue rechazada.
"Lo que los expropietarios observan son los montos que se ha lanzado del avalúo, según ellos son montos bajos, pero ese tema no está sujeto a discusión porque era responsabilidad de la Gobernación realizar este trabajo", sostuvo.
Se entiende que son 15 los expropietarios, de los cuales solo uno habría presentado su pretensión en cuanto a la cancelación económica, desconociendo la posición de los demás interesados al no conocer documentación que los acredite.
"No hay una posición clara que diga lo que (a cada uno) le corresponde por el pago. Reiterar el llamado del gobernador (Víctor Hugo Vásquez) para acudir a las instancias judiciales a objeto de que se proceda con el pago", agregó.
Finalmente, al consolidar el derecho propietario en beneficio del departamento, se proyectará realizar una serie de trabajos en el único propósito de mejorar las condiciones de esta infraestructura que por muchos años fue la principal terminal de buses de la ciudad.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Samuel Pita, explicó ayer que el registro del derecho de propiedad sobre la infraestructura fue presentado el 29 de agosto de esta gestión, acreditando legitimidad al gobierno departamental como directo propietario. Este documento fue observado y objetado por los expropietarios de la terminal bajo el argumento que se habría pasado por alto ciertos derechos dentro del procedimiento. Es así que el 18 de septiembre interpusieron un "incidente de nulidad", pero que el mismo fue declarado improcedente.
"El Órgano Judicial nos notifica hoy (ayer) y resuelve rechazar este incidente de nulidad y consolida nuestro derecho propietario sobre el hotel y la terminal de buses. Lo que corresponde ahora es que las partes puedan recurrir a las instancias judiciales para que este procedimiento pueda revisarse y, en el caso de los expropietarios, procederse al pago", afirmó Pita.
PAGO Y AVALÚO
Es importante señalar que el avalúo de la propiedad asciende a 19 millones de bolivianos en general, a ello debe considerarse el pago económico por distintos conceptos, por ejemplo, en el aspecto impositivo, las deudas y otros, quedando una suma aproximada de 8 millones destinados a la cancelación de los expropietarios que también fue rechazada.
"Lo que los expropietarios observan son los montos que se ha lanzado del avalúo, según ellos son montos bajos, pero ese tema no está sujeto a discusión porque era responsabilidad de la Gobernación realizar este trabajo", sostuvo.
Se entiende que son 15 los expropietarios, de los cuales solo uno habría presentado su pretensión en cuanto a la cancelación económica, desconociendo la posición de los demás interesados al no conocer documentación que los acredite.
"No hay una posición clara que diga lo que (a cada uno) le corresponde por el pago. Reiterar el llamado del gobernador (Víctor Hugo Vásquez) para acudir a las instancias judiciales a objeto de que se proceda con el pago", agregó.
Finalmente, al consolidar el derecho propietario en beneficio del departamento, se proyectará realizar una serie de trabajos en el único propósito de mejorar las condiciones de esta infraestructura que por muchos años fue la principal terminal de buses de la ciudad.
Deben efectivizarse "dos pasos" para reincorporación del alcalde Bazán
A partir del anuncio de la reincorporación de Edgar Bazán al cargo de alcalde de la ciudad de Oruro, dos son los "pasos" que deben concretarse en el propósito de efectivizar la restitución de la autoridad que dependerá de un pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional y el Concejo Municipal de Oruro, según manifestó el abogado Oscar Ayala.
De acuerdo a procedimiento legal y administrativo, un primer paso será determinado por el pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional que autorice el derecho al cumplimiento de la jornada laboral del alcalde de Oruro, pese a que esta disposición está contenida en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) en base a las leyes que reglamentan su ejercicio.
"Cuando la autoridad jurisdiccional considera que el imputado, acusado (Edgar Bazán) puede o necesita acudir a su fuente laboral, él puede otorgarle una autorización sin que esto modifique la detención domiciliaria, entonces el escenario "A" es que el Órgano de Control Jurisdiccional que nos ha dado la posibilidad de cesar la detención preventiva debe pronunciarse con relación a ello", afirmó Oscar Ayala, abogado del alcalde Edgar Bazán.
Un segundo paso hace referencia a la determinación del Concejo Municipal respecto a la ordenanza 016/2018 de designación de la autoridad interina al frente de la alcaldía, ante la ausencia temporal de la autoridad electa.
En este caso, la ordenanza vigente deberá ser abrogada para que la alcaldesa interina, Hilaria Sejas, pueda regresar a sus funciones de concejal munícipe y el alcalde, Edgar Bazán, reasuma sus funciones pese a que el proceso judicial al cual todavía es sujeto siga su curso.
"Vamos a estar a la espera, no de la admisibilidad que dé el Concejo porque no tiene esa competencia, sino que se pronuncie con respecto a la ordenanza municipal (16/2018) para que no exista una duplicidad de autoridad ejecutiva en función a una ordenanza municipal y también en función a una elección democrática que se ha hecho el 2015", agregó.
Si bien se dijo que el Órgano Jurisdiccional debe emitir su pronunciamiento en un plazo de 24 horas posterior a la solicitud, se aguarda que en los siguientes días se pueda conocer una notificación oficial.
ANTECEDENTES
Cabe señalar que el alcalde Edgar Bazán fue suspendido temporalmente al ser acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado en la compra irregular de 41.000 mochilas dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016-2017, mismas que deberían haber sido confeccionadas en territorio nacional, pero fueron importadas desde China, ocasionando una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos. Por este hecho fue imputado y enviado a la cárcel de San Pedro el 12 de mayo de esta gestión de manera preventiva, logrando su libertad bajo detención domiciliaria el 24 de septiembre.
De acuerdo a procedimiento legal y administrativo, un primer paso será determinado por el pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional que autorice el derecho al cumplimiento de la jornada laboral del alcalde de Oruro, pese a que esta disposición está contenida en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) en base a las leyes que reglamentan su ejercicio.
"Cuando la autoridad jurisdiccional considera que el imputado, acusado (Edgar Bazán) puede o necesita acudir a su fuente laboral, él puede otorgarle una autorización sin que esto modifique la detención domiciliaria, entonces el escenario "A" es que el Órgano de Control Jurisdiccional que nos ha dado la posibilidad de cesar la detención preventiva debe pronunciarse con relación a ello", afirmó Oscar Ayala, abogado del alcalde Edgar Bazán.
Un segundo paso hace referencia a la determinación del Concejo Municipal respecto a la ordenanza 016/2018 de designación de la autoridad interina al frente de la alcaldía, ante la ausencia temporal de la autoridad electa.
En este caso, la ordenanza vigente deberá ser abrogada para que la alcaldesa interina, Hilaria Sejas, pueda regresar a sus funciones de concejal munícipe y el alcalde, Edgar Bazán, reasuma sus funciones pese a que el proceso judicial al cual todavía es sujeto siga su curso.
"Vamos a estar a la espera, no de la admisibilidad que dé el Concejo porque no tiene esa competencia, sino que se pronuncie con respecto a la ordenanza municipal (16/2018) para que no exista una duplicidad de autoridad ejecutiva en función a una ordenanza municipal y también en función a una elección democrática que se ha hecho el 2015", agregó.
Si bien se dijo que el Órgano Jurisdiccional debe emitir su pronunciamiento en un plazo de 24 horas posterior a la solicitud, se aguarda que en los siguientes días se pueda conocer una notificación oficial.
ANTECEDENTES
Cabe señalar que el alcalde Edgar Bazán fue suspendido temporalmente al ser acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado en la compra irregular de 41.000 mochilas dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016-2017, mismas que deberían haber sido confeccionadas en territorio nacional, pero fueron importadas desde China, ocasionando una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos. Por este hecho fue imputado y enviado a la cárcel de San Pedro el 12 de mayo de esta gestión de manera preventiva, logrando su libertad bajo detención domiciliaria el 24 de septiembre.
jueves, 8 de noviembre de 2018
Exfuncionarios del GAMO califican de ilegal la designación de la alcaldesa Sejas
El proceso de designación de la concejal Hilaria Sejas, como alcaldesa interina del municipio de Oruro, fue calificado como ilegal por exfuncionarios del gobierno edil, considerando que fue soslayado lo estipulado en las normas vigentes. En consecuencia, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo una investigación minuciosa en este caso.
El criterio de los demandantes se centra en las observaciones realizadas por el vicepresidente del Concejo Municipal de Oruro, Saúl Aguilar, quien afirmó que la Ordenanza Municipal 016/2018 que designa a máxima autoridad municipal en condición de interina, no debió ser promulgada por la entonces concejal Sejas, ya que aún no ostentaba el cargo de alcaldesa.
Por tanto, se dijo que al ser un documento "ilegal", la administración municipal habría incurrido en una serie de irregularidades, inclusive afectando a alrededor de 15 funcionarios con la entrega de memorándums de despido.
"Hemos presentado hoy (ayer) una denuncia ante el Ministerio Público. Hay una figura penal en la forma de la promulgación, se ha cometido un gravísimo error, de las cuales las consecuencias vamos a ir viéndolas más adelante, porque la sanción (de la ordenanza) tenía que ser con la rúbrica del presidente y vicepresidente del concejo municipal", indicó Milton Ocaña, en representación de los funcionarios destituidos. Los delitos penales argumentados en la denuncia hacen referencia al uso indebido de influencias, anticipación y prolongación del cargo como también a resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
Para corroborar la veracidad de lo manifestado, se destacó lo acontecido en el gobierno municipal de la ciudad de Cochabamba, donde posterior a la destitución del alcalde, José María Leyes, fue el concejo municipal quien aprobó una norma para designar una nueva autoridad al frente de ese municipio.
"Esto no queda ahí, de los actuados que ha realizado la señora Hilaria Sejas, ha empezado a suscribir documentos con diferentes denominativos, uno en calidad de alcaldesa, otros documentos como alcaldesa suplente y otros como alcaldesa interina en suplencia temporal. Al final cuál es el denominativo correcto que tiene la autoridad del municipio", añadió.
A partir de la denuncia presentada se aguardará un periodo de 48 horas para que esta sea analizada en su viabilidad a decisión del despacho judicial correspondiente.
El criterio de los demandantes se centra en las observaciones realizadas por el vicepresidente del Concejo Municipal de Oruro, Saúl Aguilar, quien afirmó que la Ordenanza Municipal 016/2018 que designa a máxima autoridad municipal en condición de interina, no debió ser promulgada por la entonces concejal Sejas, ya que aún no ostentaba el cargo de alcaldesa.
Por tanto, se dijo que al ser un documento "ilegal", la administración municipal habría incurrido en una serie de irregularidades, inclusive afectando a alrededor de 15 funcionarios con la entrega de memorándums de despido.
"Hemos presentado hoy (ayer) una denuncia ante el Ministerio Público. Hay una figura penal en la forma de la promulgación, se ha cometido un gravísimo error, de las cuales las consecuencias vamos a ir viéndolas más adelante, porque la sanción (de la ordenanza) tenía que ser con la rúbrica del presidente y vicepresidente del concejo municipal", indicó Milton Ocaña, en representación de los funcionarios destituidos. Los delitos penales argumentados en la denuncia hacen referencia al uso indebido de influencias, anticipación y prolongación del cargo como también a resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
Para corroborar la veracidad de lo manifestado, se destacó lo acontecido en el gobierno municipal de la ciudad de Cochabamba, donde posterior a la destitución del alcalde, José María Leyes, fue el concejo municipal quien aprobó una norma para designar una nueva autoridad al frente de ese municipio.
"Esto no queda ahí, de los actuados que ha realizado la señora Hilaria Sejas, ha empezado a suscribir documentos con diferentes denominativos, uno en calidad de alcaldesa, otros documentos como alcaldesa suplente y otros como alcaldesa interina en suplencia temporal. Al final cuál es el denominativo correcto que tiene la autoridad del municipio", añadió.
A partir de la denuncia presentada se aguardará un periodo de 48 horas para que esta sea analizada en su viabilidad a decisión del despacho judicial correspondiente.
Legalidad del interinato de la alcaldesa genera criterios divididos entre concejales
Las condiciones del proceso de designación de la alcaldesa, Hilaria Sejas, en calidad de interina generó posiciones divididas al interior del Concejo Municipal de Oruro, a partir de un informe de la comisión de Asuntos Legales que fue considerado ambiguo por no asesorar al pleno en asumir una determinada posición en este tema.
Es importante recordar que la sesión de Concejo del pasado martes concluyó en que las competencias del ente legislativo no pueden establecer la legalidad o ilegalidad de la condición del interinato de la alcaldesa Sejas.
La comisión de Asuntos Legales emitió un informe sugiriendo que "quien se sienta vulnerado en sus derechos" pueda acudir a la instancia llamada por ley, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En consecuencia, este informe fue rechazado y archivado, aspecto que fue cuestionado por la secretaria concejal Denisse Villca.
"Ellos deberían de haber sugerido que se derive al Tribunal Constitucional o dar alguna solución, su informe es ambiguo y por eso se ha rechazado, no cumple con la única función que es de asesoramiento al pleno. Presumimos cierta protección y ambigüedad a este tema", afirmó.
Asimismo sostuvo que al considerarlo como un informe ambiguo, los miembros de la comisión estarían incurriendo en incumplimiento de deberes al no cumplir con el reglamento del legislativo municipal.
COMISIÓN LEGAL
Al respecto, el presidente de esta comisión, José Rojas, descalificó el criterio de la secretaria concejal asegurando que no se puede emitir un informe "forzado o direccionado" y que ello no implica un incumplimiento de deberes.
"Con el informe estamos orientando porque sugerimos que se acuda al TCP. Otra cosa es que ella quiere que emitamos un informe como quiere, determinando si es legal o ilegal (la designación de la alcaldesa) pero no lo vamos a hacer, nos vamos a ratificar en nuestro informe porque no vamos a estar a capricho de los que quieren que hagamos lo que ellos quieran", aseveró la autoridad edil.
Cabe señalar, que esta polémica radica por las observaciones realizadas a la Ordenanza Municipal 016/2018 de designación de la primera autoridad de Oruro que fue promulgada por la entonces concejal, Hilaria Sejas, que aún no ostentaba el cargo de alcaldesa.
Es importante recordar que la sesión de Concejo del pasado martes concluyó en que las competencias del ente legislativo no pueden establecer la legalidad o ilegalidad de la condición del interinato de la alcaldesa Sejas.
La comisión de Asuntos Legales emitió un informe sugiriendo que "quien se sienta vulnerado en sus derechos" pueda acudir a la instancia llamada por ley, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En consecuencia, este informe fue rechazado y archivado, aspecto que fue cuestionado por la secretaria concejal Denisse Villca.
"Ellos deberían de haber sugerido que se derive al Tribunal Constitucional o dar alguna solución, su informe es ambiguo y por eso se ha rechazado, no cumple con la única función que es de asesoramiento al pleno. Presumimos cierta protección y ambigüedad a este tema", afirmó.
Asimismo sostuvo que al considerarlo como un informe ambiguo, los miembros de la comisión estarían incurriendo en incumplimiento de deberes al no cumplir con el reglamento del legislativo municipal.
COMISIÓN LEGAL
Al respecto, el presidente de esta comisión, José Rojas, descalificó el criterio de la secretaria concejal asegurando que no se puede emitir un informe "forzado o direccionado" y que ello no implica un incumplimiento de deberes.
"Con el informe estamos orientando porque sugerimos que se acuda al TCP. Otra cosa es que ella quiere que emitamos un informe como quiere, determinando si es legal o ilegal (la designación de la alcaldesa) pero no lo vamos a hacer, nos vamos a ratificar en nuestro informe porque no vamos a estar a capricho de los que quieren que hagamos lo que ellos quieran", aseveró la autoridad edil.
Cabe señalar, que esta polémica radica por las observaciones realizadas a la Ordenanza Municipal 016/2018 de designación de la primera autoridad de Oruro que fue promulgada por la entonces concejal, Hilaria Sejas, que aún no ostentaba el cargo de alcaldesa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)