Los mapas que estarían distorsionados del departamento de Oruro serán quemados en la plaza 10 de Febrero, después de una movilización que fue convocada por el Comité Cívico, con el objetivo de defender el territorio, especialmente en la frontera con el departamento de Potosí.
La movilización fue convocada para las 09.30 horas, desde el Parque de la Unión Nacional, porque hasta la fecha, “después de varios años de constantes reclamos, las autoridades del departamento de Oruro y del país no efectuaron ninguna acción que permita resolver los problemas de límites entre los dos departamentos”.
De la misma forma, se pidió a la ciudadanía orureña aportar con documentos ancestrales e históricos del departamento de Oruro, para defender los intereses de nuestra región.
Los documentos serán recibidos en calidad de donación, bajo un registro notariado, para efectuar el reconocimiento oficial del Comité Cívico, a todos quienes entreguen sus mapas y documentos originales.
La marcha permitirá efectuar también el desagravio a las comunidades de Rodeo, Salinas, Pampa Aullagas y otras que están ubicadas en la zona fronteriza con el departamento de Potosí, porque siguen soportando el asedio de parte de los comunarios de Coroma, Potosí, sin respetar ni siquiera a los niños y las mujeres.
“En la plaza 10 de Febrero vamos a quemar los mapas distorsionados, que están haciendo mucho daño al departamento de Oruro”, dijo Pedro Challapa, presidente del Comité Cívico.
jueves, 14 de agosto de 2014
miércoles, 13 de agosto de 2014
Campaña "Mi Oruro limpio" pretende mitigar basura en la avenida Villarroel
La campaña de limpieza que organiza la Unidad de Medio Ambiente del Municipio "Mi Oruro limpio, mi Oruro verde", pretende mitigar la acumulación de basura de las áreas verdes y calles aledañas en la avenida "Gualberto Villarroel", zona Norte.
El director de Gestión y Salud Ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, Sergio Colque, señaló que esta semana el trabajo de limpieza se realizará en la Avenida Villarroel desde la 6 de Octubre hasta la avenida de Circunvalación.
"Vamos a disponer del personal, movilidades, además de las maquinarias pesadas para que se realice la limpieza en el sector Norte de la ciudad, con el fin de dar el adecuado tratamiento a la basura", aseguró.
Manifestó que la colaboración de la ciudadanía es importante, es por eso que pide la ayuda de los vecinos de ese lugar para que coadyuven con el trabajo de limpieza que se realizará en su zona.
"Lo que se pretende en cada campaña de limpieza es cambiar la cara de Oruro, siendo tarea de todos", aseveró.
Mencionó que hoy miércoles 13 de agosto la campaña de limpieza "Mi Oruro limpio, mi Oruro verde", prosigue esta vez en la zona Norte.
"Estaremos en el sector Norte de la ciudad, el trabajo se iniciará a las 10:00 de la mañana, esperemos contar con el apoyo de la ciudadanía para tener limpia la ciudad", afirmó.
Manifestó que la campaña de limpieza se realizará en los cinco distritos de la ciudad cada miércoles, con el objetivo de mejorar las áreas verdes y las calles aledañas.
"El trabajo es complicado, pero lo realizamos con los 150 trabajadores que se tiene en la unidad de Medio Ambiente", dijo.
Plan de reordenamiento territorial de Oruro demanda Bs 1.7 millones
El plan de reordenamiento territorial de la ciudad de Oruro demandará 1.7 millones de bolivianos, con el objetivo de determinar las áreas que están disponibles para la construcción de viviendas y cuáles son las zonas peligrosas, como las que están ubicadas alrededor del lago Uru Uru que, en la época de lluvia, se inunda.
El plan, denominado “ordenamiento territorial”, fue adjudicado a la empresa Conam-Aram, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, para que en el plazo de seis meses se pueda tener un instrumento técnico normativo para mejorar el crecimiento de la ciudad y para evitar las construcciones clandestinas.
El secretario de gestión urbana del municipio, Roger Copa, dijo que ese instrumento permitirá “planificar el desarrollo de la ciudad”, en reemplazo del desorden que se ha generado, especialmente desde el 2006, cuando se iniciaron los avasallamientos de terrenos en diferentes zonas de la capital.
Hasta el momento, se estima que son veinte mil casas construidas alrededor de la ciudad de Oruro, sin planos aprobados. La ocupación de terrenos ocurre incluso en áreas verdes y de equipamiento, que pertenecen a la Municipalidad. Otros vecinos prefirieron ingresar a terrenos que se encuentran en lugares céntricos de la capital.
El proyecto demandará 1.777.160 bolivianos. Hasta febrero del 2015, se tendrá listo el plan de ordenamiento territorial y, casi en forma inmediata, se podrá recuperar los terrenos que fueron avasallados y que pertenecen a la Municipalidad, incluyendo las áreas de equipamiento.
El presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales Periurbanas, José Flores Copa, dijo que este sector “no está de acuerdo con el avasallamiento de terrenos y que, por eso, es importante contar con el estudio del ordenamiento territorial, para impedir las construcciones clandestinas”.
El proyecto permitirá establecer, de la misma forma, las áreas que están disponibles para las futuras urbanizaciones y cuáles no están aptas para la construcción de viviendas. También se establecerá qué áreas se pueden disponer para la construcción de industrias.
Durante ocho años, se pudo constatar construcciones cerca del lago Uru Uru, en la zona Sur de la ciudad de Oruro, pero cuando llega la época de lluvias, el acceso es imposible a esos sectores, pero los vecinos viven en su interior y tienen que utilizar botas para salir e ingresar a esos barrios.
Los transportistas se niegan trasladar personas hacia esos sitios, porque las calles están anegadas y no se pueden ni siquiera asfaltar, pero el crecimiento de la ciudad persiste, a pesar de las dificultades de la naturaleza.
Según el agrónomo Roger Copa, las construcciones también abundan hacia la punta de los cerros aledaños a la ciudad de Oruro y en los alrededores de las industrias, como ocurrió en la zona de la fundición de estaño, en Vinto, o en Huajara, donde las empresas están rodeadas de casas ilegales.
“En muchas urbanizaciones se cortaron las calles. Hay caminos cortados de primer y segundo orden y no hay salidas adecuadas para el tráfico de motorizados”, expresó el oficial mayor.
El plan de ordenamiento territorial permitirá definir también la ubicación de plazas, parques, escuelas, colegios y el futuro desarrollo de la ciudad de Oruro.
El plan, denominado “ordenamiento territorial”, fue adjudicado a la empresa Conam-Aram, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, para que en el plazo de seis meses se pueda tener un instrumento técnico normativo para mejorar el crecimiento de la ciudad y para evitar las construcciones clandestinas.
El secretario de gestión urbana del municipio, Roger Copa, dijo que ese instrumento permitirá “planificar el desarrollo de la ciudad”, en reemplazo del desorden que se ha generado, especialmente desde el 2006, cuando se iniciaron los avasallamientos de terrenos en diferentes zonas de la capital.
Hasta el momento, se estima que son veinte mil casas construidas alrededor de la ciudad de Oruro, sin planos aprobados. La ocupación de terrenos ocurre incluso en áreas verdes y de equipamiento, que pertenecen a la Municipalidad. Otros vecinos prefirieron ingresar a terrenos que se encuentran en lugares céntricos de la capital.
El proyecto demandará 1.777.160 bolivianos. Hasta febrero del 2015, se tendrá listo el plan de ordenamiento territorial y, casi en forma inmediata, se podrá recuperar los terrenos que fueron avasallados y que pertenecen a la Municipalidad, incluyendo las áreas de equipamiento.
El presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales Periurbanas, José Flores Copa, dijo que este sector “no está de acuerdo con el avasallamiento de terrenos y que, por eso, es importante contar con el estudio del ordenamiento territorial, para impedir las construcciones clandestinas”.
El proyecto permitirá establecer, de la misma forma, las áreas que están disponibles para las futuras urbanizaciones y cuáles no están aptas para la construcción de viviendas. También se establecerá qué áreas se pueden disponer para la construcción de industrias.
Durante ocho años, se pudo constatar construcciones cerca del lago Uru Uru, en la zona Sur de la ciudad de Oruro, pero cuando llega la época de lluvias, el acceso es imposible a esos sectores, pero los vecinos viven en su interior y tienen que utilizar botas para salir e ingresar a esos barrios.
Los transportistas se niegan trasladar personas hacia esos sitios, porque las calles están anegadas y no se pueden ni siquiera asfaltar, pero el crecimiento de la ciudad persiste, a pesar de las dificultades de la naturaleza.
Según el agrónomo Roger Copa, las construcciones también abundan hacia la punta de los cerros aledaños a la ciudad de Oruro y en los alrededores de las industrias, como ocurrió en la zona de la fundición de estaño, en Vinto, o en Huajara, donde las empresas están rodeadas de casas ilegales.
“En muchas urbanizaciones se cortaron las calles. Hay caminos cortados de primer y segundo orden y no hay salidas adecuadas para el tráfico de motorizados”, expresó el oficial mayor.
El plan de ordenamiento territorial permitirá definir también la ubicación de plazas, parques, escuelas, colegios y el futuro desarrollo de la ciudad de Oruro.
viernes, 8 de agosto de 2014
Tribunal condena a exprefecto masista Alberto Aguilar a 6 años de cárcel
El Fiscal General del Estado Ramiro Guerrero Peñaranda informó que la mañana de hoy el Tribunal de Sentencia número 2 de la ciudad de Oruro dictó sentencia condenatoria contra el exprefecto masista de Oruro, Alberto Luís Aguilar, imponiéndole la pena de 6 años y 10 meses de presidio, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, con relación al Proyecto “Puerto Seco”.
De la misma forma, comunicó que los funcionarios Tomas López Villarte, Patricia Jaldín y Víctor Moreno, fueron condenados a seis, cuatro y dos años de presidio respectivamente, por estar implicados en el mismo caso, condena que deberán cumplir en el penal de San Pedro de la capital orureña.
A su turno, el Fiscal Departamental de Oruro, Orlando Riveros, destacó el trabajo realizado por el Ministerio Público, a través de la comisión de fiscales conformado por Alfredo Santos Canaviri y Aldo Morales Alconini, quienes al tomar conocimiento del caso, inmediatamente iniciaron la investigación, formularon la imputación y procedieron a la acusación correspondiente.
La autoridad señaló que esta comisión, después de la sustanciación de un largo juicio oral consiguió que el juez Agustín Flores emita una sentencia contra las exautoridades departamentales, acusadas por la comisión de los delitos antes mencionados en la adjudicación de dicho proyecto.
Por su parte, uno de los fiscales de la comisión del caso, Aldo Morales, manifestó que el accionar del Ministerio Público fue de vital importancia, en lo referente a la presentación de la prueba documental, colectada en la etapa preparatoria, que consta de más diez mil fojas; dos peritajes, tanto del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) como de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), que verificaron el daño económico al Estado; además de la prueba testifical, pruebas que fueron valoradas por el tribunal en pleno a efecto de la sentencia dictada.
Descripción de los hechos
El Fiscal Departamental de Oruro explicó que el proceso en este caso se abrió por el presunto mal manejo de fondos estatales de la exPrefectura de Oruro, por la cancelación y suscripción de contratos ilegales con las empresas E & R, ABOMA, SUKINY DESING, AYPIC y PROINTEC, con relación al Proyecto “Puerto Seco”, por el monto de más de cinco millones de bolivianos, con recursos desembolsados de la ex Prefectura, a fin de encarar la etapa de socialización, locación, localización y a Diseño Final del proyecto referido.
Exprefecto de Oruro es condenado a 6 años y 10 meses de prisión por el caso Puerto Seco
El exprefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, fue condenado hoy a 6 años y 10 meses de prisión por los delitos de firma de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en el caso del Proyecto “Puerto Seco”.
La determinación fue asumida por el Tribunal de Sentencia No. 2 de la ciudad de Oruro, que además emitió sentencias condenatorias contra los funcionarios Tomas López Villarte (seis años de prisión), Patricia Jaldín (cuatro años) y Víctor Moreno (dos años) por estar implicados en el mismo caso.
La condena deberá ser cumplida en el penal de San Pedro de la capital orureña, según se detalla en un informe emitido hoy por la Fiscalía General del Estado. La sentencia fue dada a conocer en Oruro por el juez Agustín Flores.
El Fiscal Departamental de Oruro, Orlando Riveros, explicó que el proceso en este caso se abrió por el presunto mal manejo de fondos estatales de la exPrefectura de Oruro para la cancelación y suscripción de contratos ilegales con las empresas E & R, ABOMA, SUKINY DESING, AYPIC y PROINTEC, con relación al Proyecto “Puerto Seco”. La exPrefectura desembolsó más de 5 millones de bolivianos para labores de socialización, localización y diseño final del proyecto.
Aguilar, tras conocer la sentencia, anunció que presentará una apelación y denunció que hubo interferencia gubernamental. “El Tribunal se ha sometido dócilmente…vamos a apelar”, anunció en declaraciones a periodistas en Oruro que luego fueron difundidas por radio Erbol.
Dijo además que iniciará un proceso por prevaricato contra las autoridades judiciales que emitieron el fallo y denunció que hubo interferencia del Viceministerio de Transparencia, cuya titular, Jessica Saravia, se encontraba en Oruro al momento de que se conozca la sentencia.
La aludida, en declaraciones a la misma emisora, aseguró que su labor se limitó a realizar un seguimiento del caso. “Si hubiera interferencia habrían sentencias en los más de 300 casos que lleva adelante el Ministerio “, afirmó
La determinación fue asumida por el Tribunal de Sentencia No. 2 de la ciudad de Oruro, que además emitió sentencias condenatorias contra los funcionarios Tomas López Villarte (seis años de prisión), Patricia Jaldín (cuatro años) y Víctor Moreno (dos años) por estar implicados en el mismo caso.
La condena deberá ser cumplida en el penal de San Pedro de la capital orureña, según se detalla en un informe emitido hoy por la Fiscalía General del Estado. La sentencia fue dada a conocer en Oruro por el juez Agustín Flores.
El Fiscal Departamental de Oruro, Orlando Riveros, explicó que el proceso en este caso se abrió por el presunto mal manejo de fondos estatales de la exPrefectura de Oruro para la cancelación y suscripción de contratos ilegales con las empresas E & R, ABOMA, SUKINY DESING, AYPIC y PROINTEC, con relación al Proyecto “Puerto Seco”. La exPrefectura desembolsó más de 5 millones de bolivianos para labores de socialización, localización y diseño final del proyecto.
Aguilar, tras conocer la sentencia, anunció que presentará una apelación y denunció que hubo interferencia gubernamental. “El Tribunal se ha sometido dócilmente…vamos a apelar”, anunció en declaraciones a periodistas en Oruro que luego fueron difundidas por radio Erbol.
Dijo además que iniciará un proceso por prevaricato contra las autoridades judiciales que emitieron el fallo y denunció que hubo interferencia del Viceministerio de Transparencia, cuya titular, Jessica Saravia, se encontraba en Oruro al momento de que se conozca la sentencia.
La aludida, en declaraciones a la misma emisora, aseguró que su labor se limitó a realizar un seguimiento del caso. “Si hubiera interferencia habrían sentencias en los más de 300 casos que lleva adelante el Ministerio “, afirmó
Alcaldía firmó compromiso de lucha contra la corrupción
La alcaldesa Rossío Pimentel y el presidente del Concejo, Germán Delgado, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro firmaron un acta de compromiso de lucha contra la corrupción en el Salón Rojo del edificio edil, junto a la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia Atristaín.
Las autoridades se comprometen y reafirman su determinación de lucha contra la corrupción, comprometiéndose a la remisión de documentos e información requerida por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en el término establecido por el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, a objeto de transparentar la gestión municipal."
Este compromiso, según señaló la viceministra Saravia, está en el marco del proyecto de "Municipios que luchan contra la corrupción" y que responden a las políticas gubernamentales de "cero tolerancia a la corrupción".
Saravia manifestó que "la lucha contra la corrupción no solamente es responsabilidad del Ministerio de Transparencia, sino de todas y todos los ciudadanos y estantes de Bolivia, porque la corrupción ha dejado mucho daño económico en nuestro país y (la lucha contra éste mal social) servirá para poder recuperar los bienes que se han llevado en otras gestiones de gobierno".
Por su parte la alcaldesa Pimentel aseveró que ha sido muy difícil luchar contra la corrupción al interior del Mmunicipio, pero agradece que exista el apoyo del Gobierno central, pues eso le da fuerzas para seguir trabajando en pos de la transparencia institucional.
"En pasados días, hicimos un reconocimiento a los funcionarios con mayor ética y compromiso con la transparencia, por eso señora viceministra, nos alegra que este aquí, para sentirnos respaldados en la labor de la lucha contra la corrupción", afirmó la edil.
El presidente del Concejo, Germán Delgado, valoró también los esfuerzos del Gobierno y de la alcaldesa Pimentel, en la búsqueda de lograr transparencia en el municipio. "Se ha luchado contra la corrupción durante esta gestión, no ha sido suficiente para erradicarla, pero hay que valorar lo hecho y seguir adelante, porque es difícil, pero no imposible", puntualizó.
Las autoridades se comprometen y reafirman su determinación de lucha contra la corrupción, comprometiéndose a la remisión de documentos e información requerida por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en el término establecido por el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, a objeto de transparentar la gestión municipal."
Este compromiso, según señaló la viceministra Saravia, está en el marco del proyecto de "Municipios que luchan contra la corrupción" y que responden a las políticas gubernamentales de "cero tolerancia a la corrupción".
Saravia manifestó que "la lucha contra la corrupción no solamente es responsabilidad del Ministerio de Transparencia, sino de todas y todos los ciudadanos y estantes de Bolivia, porque la corrupción ha dejado mucho daño económico en nuestro país y (la lucha contra éste mal social) servirá para poder recuperar los bienes que se han llevado en otras gestiones de gobierno".
Por su parte la alcaldesa Pimentel aseveró que ha sido muy difícil luchar contra la corrupción al interior del Mmunicipio, pero agradece que exista el apoyo del Gobierno central, pues eso le da fuerzas para seguir trabajando en pos de la transparencia institucional.
"En pasados días, hicimos un reconocimiento a los funcionarios con mayor ética y compromiso con la transparencia, por eso señora viceministra, nos alegra que este aquí, para sentirnos respaldados en la labor de la lucha contra la corrupción", afirmó la edil.
El presidente del Concejo, Germán Delgado, valoró también los esfuerzos del Gobierno y de la alcaldesa Pimentel, en la búsqueda de lograr transparencia en el municipio. "Se ha luchado contra la corrupción durante esta gestión, no ha sido suficiente para erradicarla, pero hay que valorar lo hecho y seguir adelante, porque es difícil, pero no imposible", puntualizó.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)