El Ministerio Público de Oruro, tras haber evidenciado que la Policía no pudo dar con el paradero del exprefecto, Alberto Luis Aguilar Calle, y sus ex colaboradores Tomás López Villalta y Patricia Katherine Jaldín Jallaza, decidió publicar los datos de dichos prófugos de la justicia para que la gente coadyuve en su captura.
Así los hizo conocer de manera oficial el fiscal departamental en Oruro, Mario Rocha, según un reporte de radio Fides Oruro.
“Una vez que el comando departamental mediante la instancia correspondiente haga el informe o la representación correspondiente que no han podido ser habidos dentro de la ciudad en primera instancia y en los domicilios donde se tenía conocimiento para poderles ubicar, no existiendo ellos entonces se va hacer la publicación de los datos señas, en este caso son las fotografías que ellos están siendo buscados con un mandamiento de condena”, indicó.
Los tres exfuncionarios fueron sentenciados a prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por un daño económico de seis millones de bolivianos.
El exprefecto de Oruro por el MAS Alberto Aguilar, desapareció después de que la justicia ratificara su sentencia de seis años de cárcel por irregularidades en el proyecto Puerto Seco, tanto para él como para sus dos cómplices: Tomás López Villalta y Patricia Khaterin Jaldín Jallaza.
La Policía busca a los tres sentenciados, según dio a conocer el secretario Departamental de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Oruro, Samuel Pita. “No han sido habidos estos ciudadanos. Nos ha referido la Policía de que han verificado sus domicilios (registrados) en el SERECI, del SEGIP, pero no los han podido encontrar, presumen de que están en la clandestinidad y están realizando las tareas investigativas para dar con su paradero”, indicó y pidió que se dé parte a Migración para establecer si estas personas salieron del país.
Fueron sentenciados por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, por más de 6 millones de bolivianos.(Agencias)
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