"La demora y falta de interés de las autoridades municipales es perjudicial, porque desde hace cinco años no dan solución al pedido de los empresarios de Oruro para delimitar el área del Parque Industrial Liviano, que deben instalar en terrenos fiscales de Socomani", denunció el presidente de la FEPO, Germán Rioja Arze.
Sostuvo que la demora muestra que hay una negligencia manifiesta de las autoridades, porque resulta inadmisible que no conozcan que hay 7.000 hectáreas de tierras fiscales en Oruro, que sirven para el tráfico de tierras, venta ilícita de terrenos y la "aprobación de urbanizaciones" que realiza el municipio, aparentemente para favorecer a familias pobres, cuando se convierten en lotes de engorde.
Pidió a nombre de la Federación de Empresarios Privados de Oruro y del Comité de Defensa del Desarrollo Industrial de Oruro, que se atienda ese pedido porque así la región podrá contar con nuevas industrias, atraer inversiones y generar empleos, en terrenos de Socomani, donde hay 1.812 hectáreas, en área contigua al Parque Industrial Pesado de Huajara, donde funcionan más de 30 industrias.
Ya parece un mal crónico -señaló Rioja- al afirmar que las autoridades municipales asumen actitudes de favoritismo con los loteadores, conociendo que esas personas lucran con la gente pobre, porque les venden terrenos sin título y sin documentos. A esto se suma la presión que ejercen algunos parlamentarios pretendiendo sacar provecho, incitando incluso a los vecinos a movilizarse, añadió.
Lamentó que las autoridades del Concejo Municipal y los mismos concejales no hagan nada por evitar el tráfico de tierras y más bien el último tiempo se hayan dedicado a la distribución de cuotas de poder para conseguir puestos y cargos para sus allegados, sin cumplir el trabajo de fiscalización que deben realizar para evitar el negocio ilícito de tierras.
Recordó que en septiembre de 2013, se determinó que la Gobernación y el Municipio tienen la obligación de recuperar las tierras fiscales para proyectos, lamentando que a la fecha no se haya hecho nada para lograr ese propósito, puesto que incluso autoridades nacionales, como el entonces delegado presidencial Cesar Navarro, hoy ministro de Minería, pidió que las tierras dotadas por la Reforma Agraria deben servir para ejecutar macro proyectos de impacto y desarrollo para Oruro.
Reiteró que empresarios de Oruro, otros del interior y del exterior del país, están interesados en invertir en el Parque Industrial, para impulsar proyectos de desarrollo que garanticen un crecimiento económico y social sostenido, para mejorar la calidad de vida y evitar la migración de la población, como ahora sucede por la falta de fuentes de trabajo y la ausencia de planificación para el desarrollo de la región.
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