La Asamblea Legislativa Departamental debe contar con todos los detalles del estado de situación del proyecto Oruro Puerto Seco, para lo cual el gobernador Santos Tito, tiene la obligación de brindar un informe, hecho que fue solicitado en repetidas ocasiones, sin suerte hasta el momento, manifestó el asambleísta departamental Eduardo Campos Velasco.
Añadió que como están las cosas, el tema técnico, claramente ha pasado a un segundo plano y corresponde que en el plano jurídico el Gobierno Autónomo Departamental haga valer sus intereses.
Ése es el criterio del legislador departamental, que realiza un análisis en referencia al contexto de este proyecto, cuyo informe técnico final será entregado el 30 de julio, y que por estos días es sujeto de una serie de explicaciones del ex prefecto Alberto Luis Aguilar, inmiscuido en supuestos hechos de corrupción del proyecto Puerto Seco y por otro lado del secretario departamental de Planificación, Franz Martínez, quienes según Eduardo Campos, deben prestar esas declaraciones en otros espacios.
"Como están las cosas, el tema técnico, claramente ha pasado a un segundo plano y corresponde que en lo jurídico la Gobernación haga valer su intereses. De no hacerlo, el gobernador y los funcionarios involucrados se exponen a ser demandados por incumplimientos de deberes y por no defender los intereses y recursos del departamento", explicó Campos.
En esas circunstancias es inexplicable que exista un hermetismo del ejecutivo departamental para dar información a la Asamblea Legislativa, lo que nos hace temer de una acción, por lo menos negligente, sino cómplice en el riesgo que finalmente la institución sea estafada y el proyecto Oruro Puerto Seco, como tantos otros quede postergado indefinidamente, comentó.
"El ejecutivo departamental, está obligado a iniciar procesos administrativos contra ex y actuales funcionarios que hubieran participado de las supuestas acciones perjudiciales a la institución y el propio proyecto. De igual manera, hemos solicitado que la Gobernación, mediante su Secretaría Jurídica, se constituya en parte coadyuvante de las acciones judiciales, de manera que se persiga a los que hubieran estafado a la institución y finalmente, hemos sugerido se tramite la nulidad del contrato con la empresa consultora Prointec S.A., por los evidentes indicios de haber alterado documentación para beneficiarse con la adjudicación del estudio a diseño final, incluyendo la medida del cobro de las boletas de garantías que aún están vigentes, como una manera de resarcirse de los perjuicios ocasionados por la acción dolosa", propuso Campos.
EXPLICACIONES DEL PROYECTO
En pasados días se ha conocido declaraciones del ex prefecto Alberto Luis Aguilar, en relación al Puerto Seco, responsabilizando a funcionarios de la actual Gobernación , de ser enemigos "internos" del proyecto, por impedir que se acepte el trabajo realizado por la consultora Prointec S. A.
"El ex prefecto Aguilar, tiene todo el derecho de emitir sus criterios sobre el tema, sin embargo, lo pertinente es que lo haga ante la justicia, ya que actualmente él se encuentra imputado por más de un delito relacionados con el proyecto Oruro Puerto Seco", sostuvo.
Respecto a las declaraciones del secretario departamental de Planificación, Franz Martínez, en respuesta a lo vertido por el ex prefecto, señalando que producto de las observaciones realizadas en el que se han hecho al estudio, el presupuesto para su ejecución se haya incrementado de 30 millones a 51 millones de dólares, Campos expresó que se trataría de una especie de demostración de que ahora, el estudio recién estaría bien.
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