Edgar Ajata, responsable de dicha secretaría, manifestó que de los 146 procesos que llevan adelante, más de un centenar fueron heredados de la gestión de la exprefectura y alrededor de 30 fueron iniciados después del cambio de denominación a Gobernación.
De todos los procesos que enfrenta esta institución pública, en un 90% cumple el rol de demandante y sólo en un 10% como demandado.
Incumplimiento de deberes, falsedad material o ideológica, incumplimiento de contratos, daño económico al Estado y usurpación de deberes son los principales delitos por los que la Gobernación ha iniciado procesos contra distintas empresas, contratistas, funcionarios, exfuncionarios y otros. Mientras que en los procesos que tiene en contra, la mayoría son por incumplimiento de contratos o la falta de pagos por trabajos realizados.
"Son varios los procesos que estamos llevando, muchos de ellos heredados de la exprefectura, y tenemos que hacerles seguimiento constante porque no podemos descuidar ninguno por el bien de la Gobernación y el pueblo de Oruro", señaló el secretario de Asuntos Jurídicos.
Ajata señaló que en la actualidad se tiene todo sistematizado para no descuidar ningún proceso, y que el seguimiento de todos los casos se hace a la cabeza del área de defensa legal a cargo de Julia Cortez y su equipo de trabajo, quienes día a día están por los estrados judiciales verificando el avance, lento en muchos casos, de los respectivos procesos.
"Al margen de la fiscalización que nos hacen los medios de prensa y la misma población orureña, existen ahora mecanismos de control y fiscalización desde la Contraloría, la Procuraduría General del Estado, la Asamblea Plurinacional, la Asamblea Departamental, entonces eso nos obliga y nos impulsa a seguir trabajando sin descuidar nada en este tema", indicó Ajata.
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